El presidente de la Generalidad prometió tener listas las "estructuras de Estado" para 2014, fecha en la que pretende celebrar el referéndum ilegal, y a ese objetivo parece apuntar la composición de su nuevo gobierno. Mientras otras comunidades, ahogadas por la situación económica, recortan consejeros, Artur Mas ha decidido que su gobierno pase de tener once a doce, con la creación de la Consejería de Presidencia, que tendrá competencias en Exteriores pese a que aún se desconoce si incorporará esta palabra en su nombre oficial.
Para este puesto ha elegido a su portavoz, Francesc Homs, que se convierte en el hombre fuerte del Gobierno catalán con la misión de "internacionalizar" la causa de la independencia catalana, otro de los objetivos que enfatizó Mas durante la campaña y en la investidura.
En el decreto con los nombramientos aparece el nombre de Consejería de Presidencia, sin el añadido de Exteriores, y así ha jurado el cargo Homs pese a que esta mañana se informó de que el nombre completo sería "Presidencia y Asuntos Exteriores". Fuentes del gobierno catalán han aclarado a LD que Exteriores sí estará entre sus cometidos pero que el nombre del departamento no se hará oficial hasta que el nuevo gobierno "no apruebe la reestructuración" del Ejecutivo.
Posteriormente, en rueda de prensa, el propio Homs ha indicado que él sólo será consejero de Presidencia y no de Presidencia y Asuntos Exteriores, tal y como se informó esta mañana, hasta que el Gobierno no apruebe un decreto de reestructuración interna.
Homs ha querido "aclarar" que "lo que rige es el decreto aparecido" en el boletín de la Generalidad y no los comunicados. "Esto no impide -ha precisado- que, en las próximas semanas, cuando hayan tenido lugar los ajustes internos de carácter menor y los cambios en las estructuras, quizás se cambie la denominación (del Departamento de Presidencia) o no".
Sobre este asunto se pronunció el socio de Mas, Oriol Junqueras, que valoró positivamente esta mañana la inclusión del nombre de Exteriores: "El hecho de que haya una consejería que incorpore Asuntos Exteriores me parece muy positivo porque esto lo tienen todos los gobiernos, y estamos convencidos de que a lo largo de los próximos meses Cataluña tendrá que proyectarse en el mundo y explicar cosas como, por ejemplo, que el Gobierno español le debe al catalán más de 8.000 millones de euros presupuestados".
La cartera de Justicia gana peso
Otro de los movimientos destacados en el Ejecutivo de Mas es el nombramiento del hasta ahora secretario de Gobierno y exgerente de CDC, Germà Gordó, como consejero de Justicia. La cartera gana importancia en la nueva etapa ante las previsibles batallas judiciales que se librarán en esta legislatura por la intención de celebrar el referéndum independentista. La misión de Gordó será, además, que su cartera vaya asumiendo plenas funciones en la Administración de Justicia, como avanzó Mas en la investidura.
El resto de consejeros son hombres y mujeres de Convergencia, como Irene Rigau (Educación), Santi Vila (Territorio y Sostenibilidad), Neus Munté (Bienestar y Familia) y Andreu Mas-Colell (Economía y Conocimiento), este último incorporado a la militancia durante la pasada legislatura y que seguirá al frente de los recortes que deberá seguir haciendo la Generalidad, con permiso de ERC, ante la difícil situación de las cuentas catalanas. Felip Puig, por su parte, deja la cartera de Interior tras la polémica por la actuación de los Mossos y pasa a ocupar la de Empresa y Empleo.
Otros tres miembros del Gobierno catalán son: Joana Ortega (vicepresidenta), Ramón Espadaler (Interior) y Josep Maria Pelegrí (Agricultura), mientras que los dos restantes, el que fuera consejero socialista Ferran Mascarell (Cultura) y Boi Ruiz (Salud), son los dos únicos independientes del nuevo gabinete.
La primera subida de impuestos
En su primera reunión de la legislatura, el Gobierno catalán ha aprobado la prórroga de de los Presupuestos, ha pedido una flexibilización del déficit al Gobierno central y ha acometido la primera subida de impuestos de las que vendrán a raíz del peaje impuesto por ERC por el apoyo a CiU.
En concreto, el nuevo gobierno ha aprobado una modificación del impuesto de Patrimonio con la que prevé recaudar entre 70 y 90 millones extra, según cálculos del consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell.
La prisa en la aprobación de esta reforma tiene como objeto que ya tenga efectos recaudatorios en 2013, y se ha hecho a través de un decreto que deberá validar el Parlamento.
La modificación del impuesto supondrá rebajar de 700.000 a 500.000 euros los patrimonios sujetos al pago del impuesto, lo que supondrá que "haya más gente" que lo pague y, por lo tanto, revertirá en las arcas de la Generalidad.
En segundo lugar, la reforma mantiene el impuesto en los ocho tramos que había hasta ahora pero aumenta los tipos de gravamen en un 5 por ciento, y por último, en el tramo más alto -patrimonios superiores a 10 millones de euros- se incrementa este gravamen hasta el 10 por ciento.