El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha hecho balance para Libertad Digital de estos doce primeros meses con la cartera. Con él hemos hablado de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la ley de tasas o el endurecimiento del Código Penal.
- Cuando usted llegó a este Ministerio anunció una batería de medidas para reformar la Administración de Justicia. Un año después, ¿cómo valora su primer año al frente del Ministerio?
Intenso, muy intenso. Creo que hemos planteado más reformas en un año de las que probablemente se habían adoptado en la Justicia en España en los últimos diez y, desde luego, tengo que decir que estoy profundamente satisfecho de haber puesto en marcha primero una reflexión; segundo, una convicción de que no es inevitable la situación de la justicia en nuestro país. Por supuesto que tenemos problemas pero esa actitud complaciente, con la que hemos convivido en las últimas décadas, pensando que no había forma de abordar los problemas de lentitud, de falta de eficiencia de nuestro sistema judicial, hemos conseguido vencerla. Hoy, con todos los problemas que supone siempre abordar una trasformación estructural de un sistema, creo que se ha trasladado la convicción de que está en nuestras manos tener un servicio eficiente de la Administración de Justicia.
- Dentro de esas reformas usted dijo en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados que había que despolitizar la Justicia. Para eso señaló que el CGPJ debería ser elegido por los propios jueces y no por los grupos parlamentarios, aunque finalmente no se cambiará este sistema de elección ¿por qué?
Yo dije, y sigo manteniendo, que tenemos que huir de la politización de la Justicia y en el órgano de gobierno de los jueces ésta ha sido extraordinariamente perjudicial. Nosotros siempre pensamos que la politización nacía del hecho que fuera el Parlamento, es decir los grupos políticos, los que eligiesen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y pensamos que trasladar en parte ese poder de decisión a las asociaciones judiciales podía evitar ese riesgo. Pero dije también desde el primer momento, en relación con el CGPJ, que buscaría una norma estable que no esté cambiando cada vez que cambie el Gobierno y para eso necesito alcanzar un acuerdo parlamentario con el PSOE. Asimismo, a la vista del funcionamiento del Consejo durante los últimos años la politización ha existido de manos de las propias asociaciones judiciales. Por esta razón, yo mantengo que tenemos que hacer una selección de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces que no esté marcada ni por filiación ni por obediencia de carácter político. Tenemos que buscar un sistema en el que se garantice la participación de toda la Carrera Judicial, no solamente de los jueces asociados, en el Consejo.
- El nuevo modelo diseñado para el CGPJ ya ha sido tachado por las asociaciones de jueces como causante de una mayor politización del poder judicial. Le acusan de querer crear un Consejo dependiente del Ministerio de Justicia. ¿Es eso cierto?
No se reduce ninguna competencia del Consejo, simplemente se racionaliza el funcionamiento de las competencias que tiene marcadas en la Constitución. Con la reforma se pretende dotar al CGPJ de una estructura más ágil y más eficiente. Es verdad, no obstante, que esta modificación apunta en una dirección de contención del gasto en la que estamos trabajando todas las administraciones públicas.
- Quizás la medida más polémica que ha aprobado desde que llegó usted a Justicia es la ley de tasas judiciales. ¿Eran necesarias?
Sí, eran necesarias porque la Justicia puede ser gratuita pero no es gratis y, por lo tanto, alguien tiene que pagarla. El debate que se plantea con las tasas es qué pagan los contribuyentes y qué pagan los litigantes de todo el coste del proceso. Hasta ahora prácticamente el cien por cien de la Justicia lo pagábamos los contribuyentes al margen de que litigásemos o no. Con la nueva ley no será así. Además, nuestro nivel de tasas es tres veces menor que el de la Unión Europea. Era una medida absolutamente necesaria y con ella vamos a financiar la Justicia gratuita. Además, con las tasas vamos a poner un criterio de racionalización al exceso de litigiosidad que existe en estos momentos en España. Nuestra ley de tasas es una medida prudente y razonable. Además, hay que recordar que toda aquella persona que gane el pleito o recurso se le devuelve el pago de la misma. Por lo tanto, la tasa sólo la pagarán los ciudadanos que no tengan razón en sus pretensiones.
- El reproche más común que se le hace a esta ley es que limita la tutela judicial efectiva que establece la Constitución por lo elevadas que son las cuantías... ¿Habrá una revisión de las mismas como han pedido voces autorizadas del mundo de la Justicia?
Las cuantías no son altas. Además, la Ley de tasas acaba de entrar en vigor, vamos a esperar a ver cómo funciona en 2013, pero le puedo asegurar que teniendo tasas que representan un tercio de las de la Unión Europea no tiene ningún sentido pensar que suponen un gravamen excesivo. No, no se revisarán las cuantías.
- Otra reforma, la del Código Penal. Jueces y fiscales le reprochan medidas populistas, dicen que usted gobierna a golpe de titular, y que pretende llevar a cabo un "endurecimiento innecesario" de la legislación penal.
Un gobierno no debe legislar en función de la noticia del día pero un gobierno no debe ignorar nunca un hecho relevante que acredita una insuficiencia de respuesta penal. A veces me llama la atención que los mismos opinadores cuando ocurre un acontecimiento desgraciado, como el de Connecticut –en referencia a la matanza en una escuela donde murieron veinte niños y seis adultos-, exigen una modificación de la legislación americana para que se prohíba la tenencia de armas. Esos mismos son los que luego critican que nosotros legislemos como consecuencia de acontecimientos que han ocurrido. Nuestra reforma es absolutamente necesaria para que no se produzcan situaciones de impunidad al margen de que hayan sido o no titulares en los medios de comunicación. Son hechos que generan indignación en los ciudadanos. Nosotros legislamos en función del interés general.
- Señor Gallardón, ¿le ha sentado mal que las asociaciones de jueces y fiscales le den por "amortizado" y pretendan negociar sus reformas con el presidente Rajoy?
No, en absoluto. Llevo muchos años en política y sé perfectamente cómo funcionan los distintos sectores, en este caso, las asociaciones. Naturalmente siempre que no se les da lo que ellos pretenden, buscan otro interlocutor que sí que se lo dé. Esas son las reglas del juego político.
- ¿Se ha sentido usted solo o poco arropado por el Gobierno?
No, le puedo asegurar que no. Estoy absolutamente respaldado por quien tiene que apoyar las medidas que adopta cualquier miembro del Gobierno, que es el presidente, Mariano Rajoy.
- Más allá de las críticas a medidas concretas, el reproche más generalizado que le hacen a usted las asociaciones de jueces y fiscales es que ha llevado a cabo todas las reformas de forma unilateral y sin diálogo...
Es verdad que no tengo el apoyo de las asociaciones pero no es verdad que las asociaciones no hayan conocido las reformas. Lógicamente no se puede producir ese apoyo porque nosotros estamos adoptando medidas muy duras. ¿Qué me reprochan las asociaciones? Pues que antes tenían dieciocho días de permiso al año y los hemos rebajado a doce y que antes tenían catorce pagas y las hemos bajado a trece, es decir, que han perdido seis días libres y la paga extraordinaria. Lógicamente tienen que estar molestos, lo que sería absurdo es que aplaudiesen ese tipo de medidas. Entiendo perfectamente este malestar, pero desde el Gobierno necesitábamos hacer una contención del gasto importante para cumplir con los objetivos de déficit y no podíamos tratar de forma distinta a jueces y magistrados del resto de servidores públicos. No podíamos excluir a uno de los sectores de nuestra Administración Pública de los sacrificios que le hemos pedido al resto.
- Por último, ¿está el sistema de Justicia mejor ahora que hace un año? ¿Por qué?
El sistema de Justicia ha entrado en una ruta de reformas que hará que mejore de una forma sustancial cuando estén plenamente operativas. Hoy los españoles ya creen que la Justicia en España tiene solución. Creo que dentro de unos años tendremos resoluciones justas no sólo por su contenido sino también por su eficiencia, porque los tribunales se pronunciarán con mayor celeridad. Que un tribunal dé la razón a alguien siete años después de haberla solicitado no basta porque no se produce la reparación del daño causado. Para que nuestro país sea competitivo necesita una Administración de Justicia que además de ecuánime sea eficiente y eso es lo que nosotros estamos abordando.