Durante un tiempo, la Junta ha respetado la enfermedad de la juez Alaya coincidente, claro está, con el escándalo de las conclusiones de la Comisión de Investigación del Parlamentdo andaluz, pero ahora y de nuevo, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, considera necesario "tomar una decisión" para apartar definitivamente a la juez Alaya del caso de los ERE, con fundamento en su incapacidad laboral transitoria.
El consejero, y también fiscal, conmina ya a adoptar alguna de las medidas legales previstas para paliar la baja por enfermedad de la juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya. El caso acumula ya 60 imputados y el sumario supera los 23.000 folios.
En declaraciones a Europa Press, De Llera argumentó que, después de que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla haya prorrogado su baja por un mes más, "hay que tomar una decisión seria ya y nombrar a alguien que vaya a permanecer", porque –según las informaciones de las que dispone– la magistrada "parece que no está bien".
El mismo De Llera que no sabía de dónde sacaba el tiempo la guapa juez Alaya, dice ahora que "da mucha pena ver que una compañera está en esta situación, pero alguien tiene que hacerse cargo" del juzgado en tanto en cuanto se prolonga la baja. De Llera desveló que por parte de la Fiscalía Anticorrupción "ya se ha pedido que se diera una solución a este problema, porque con un juez interino es muy difícil trabajar".
Recuérdese que la juez Alaya se dio de baja por razón de unos potentes dolores de cabeza el pasado mes de septiembre y que ha prorrogado su baja en dos ocasiones. Actualmente, ha pedido nueva baja hasta enero de 2013. Tras la segunda baja, se puso en marcha la designación de un juez sustituto provisional para hacerse cargo del caso de los ERE. El elegido fue Iván Escalera, que rebajó las fianzas de los principales imputados y declaró el secreto del sumario.
El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía se refirió a lo asegurado por el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, quien defiende que, en caso de que la juez prorrogue nuevamente su baja, habrá que plantearse la posibilidad de pedir una comisión de servicio o un juez de adscripción territorial. "Eso sería lo coherente, dar una solución", puso de manifiesto el responsable autonómico de Justicia, quien señaló que, si no se soluciona este asunto, la juez "va a estar presionada con la necesidad de volver pronto, y lo que tiene que hacer es curarse y, una vez que esté curada, que se reincorpore y siga llevando su trabajo como siempre lo ha llevado, con una profesionalidad extraordinaria".
Pero, añadió, mientras tanto "hay que tomar una solución", porque el juzgado de Mercedes Alaya "lleva unos asuntos hartamente complicados". "Me imagino ahora a un juez nuevo de carrera que llegara al juzgado y de entrada tuviera que estudiarse un montón de volúmenes para ver lo que hay, y eso es muy perturbador»", concluyó.
Emilio de Llera hizo estas declaraciones tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado destinar a una juez de adscripción territorial (juez de carrera pero sin plaza fija) al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, debido a que el juez de refuerzo que fue nombrado en su día –Iván Escalera– termina su contrato el 31 de diciembre, lo que supone un nuevo contratiempo para la instrucción de este caso.
La sustituta del sustituto
La Sala de Gobierno del TSJA acordó el pasado día 17 de diciembre nombrar a Ana Rosa Curra Rojo como sustituta del sustituto de Mercedes Alaya, medida que no tiene relación alguna con la prolongada baja de la juez –está fuera del juzgado desde que se reincorporó a la vuelta de las vacaciones de verano– sino con el cumplimiento del contrato del juez de refuerzo, Iván Escalera.
Ana Rosa Curra Rojo comenzará a trabajar en el juzgado de Mercedes Alaya a partir del próximo 3 de enero y su contrato tiene una duración mínima de seis meses prorrogables. Curra Rojo partirá de cero en un caso de enorme complejidad, con 60 imputados y más de 23.000 folios de sumario. El caso se encuentra actualmente en secreto de sumario, medida que pidió la Guardia Civil en un intento de descubrir a los "verdaderos beneficiarios" de los fondos públicos investigados y por que interesan "investigaciones sobre personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados" que podrían malograrse.
Ana Rosa Curra Rojo procede del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, donde instruyó la denuncia que la Fiscalía Superior de Andalucía interpuso contra el ex primer teniente de alcalde y actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, por amenazar presuntamente y atentar contra la integridad moral de los empleados despedidos en la empresa municipal Sevilla Global.
Con anterioridad, la magistrada Curra Rojo prestó servicio en el Juzgado de lo Mercantil 1 bis de Sevilla y en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vilanova y la Geltrú y 1 de La Palma del Condado.
La sombra del juez Marino Barbero
Marino Barbero, instructor del caso Filesa, dejó de pertenecer a la carrera judicial el 13 de septiembre de 1995, tras diez años de ejercicio, después de que el Pleno del Poder Judicial aceptase su renuncia como magistrado. Dimitió tras las críticas que recibió por su polémica actuación en la instrucción del caso Filesa. Desde entonces se dedicaba a la docencia. Su hostigamiento sistemático por parte del PSOE y su soledad en la carrera judicial facilitaron su marcha.
En el caso Filesa se juzgaba la presunta financiación del PSOE a través de las comisiones pagadas a las empresas Filesa, Malesa y Time Export. Comenzó como "procedimiento abreviado" y acabó en 1997 con la condena de ocho personas, entre ellas dos parlamentarios socialistas. Barbero llegó a procesar a 39 personas e hizo un uso poco habitual hasta entonces de las facultades de un juez de instrucción, ya que llegó a registrar las oficinas de la sede federal del PSOE y las del Banco de España.
Algunos hitos de la persecución de Barbero
El 22 de enero de 1993, nada menos que el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acusó a Marino Barbero Santos de dejar impagado un crédito bancario: "Si aquí se preguntara a todos los magistrados que van al Supremo, no por su ideología, sino si cumple sus deberes cívicos pagando sus cuentas pendientes con las instituciones financieras, algún juez no estaría investigando como pagan los créditos los partidos políticos y, en especial, el PSOE, sus cuentas bancarias" dijo en El País en enero de 1993. Y añadió: "Eso es lo que se pregunta en Estados Unidos: si el magistrado mete mano a su secretaria o si paga sus créditos". Recuérdese que Alfonso Guerra se refirió a una supuesta relación de Alaya con Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz.
Barbero en dicho año 1993, envió un informe a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que acusaba el PSOE de "comportamiento engañoso" y le imputaba una "abierta obstrucción a la justicia".
Así, el 7 de Julio de 1995, Marino Barbero pidió al Consejo General del Poder Judicial (politizado y dominado por el PSOE), que le amparase frente a las críticas de Rodríguez Ibarra pues consideraba que la conducta de este individuo afectaba directamente a su independencia como juez. Ibarra llegó a decir: "(Marino Barbero) quiere intervenir en política sin presentarse a las elecciones, dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas". Y añadió: "Este juez utiliza los tribunales para influir en la campaña electoral".
Recuérdese que la número dos de José Antonio Griñán, Susana Díaz, tachó a Alaya y la Guardia Civil de "inquisición". La prensa "amiga" del PSOE llegó a publicar que la juez Alaya "era el as que tenía guardado Javier Arenas para dar el golpe de gracia final."
Al serle denegado el amparo por el órgano de gobierno de los jueces por 18 votos frente a 11, el 31 de julio de 1995, Marino Barbero abandonó la Carrera Judicial renunciando oficialmente a la misma.