Dos interminables páginas dedica hoy El País a denunciar una supuesta "conspiración" entre policías, editores de periódicos y miembros del PP contra políticos catalanes. "Mandos policiales actúan al margen de la ley contra políticos catalanes", titula su información José Manuel Romero con la evidente intención de desacreditar las informaciones que vienen apareciendo en diversos medios sobre la corrupción en Cataluña.
"Policías emboscados en el anonimato se han enfrascado en una oscura maniobra al margen de la ley para denigrar a los políticos gobernantes en Cataluña, a jueces y fiscales o a directivos de periódicos", dice el diario de Prisa. "Los agentes elaboran o utilizan informes no oficiales en los que se mezclan acusaciones reales de corrupción con otras no demostradas o simplemente falsas para, después hacer llegar los documentos a diarios conservadores", asegura José Manuel Romero. Según el periodista, "los policías que elaboran esos informes contra el soberanismo catalán pretenden defender con su estrategia la unidad de España".
El periódico comienza acusando a este grupo conspirativo de distribuir el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales –que tildan de "falso"- que publicó El Mundo durante la campaña electoral catalana. Según Romero, los policías conspiradores "anónimos aíslan datos reales, basados en hechos probados incluidos en sumarios, y los mezclan con otros datos procedentes de investigaciones preliminares, atribuidos a fuentes anónimas, no contrastados por nadie, en algún caso falsos y en otros muchos resultado de elucubraciones sin fundamento". Y después, la trama los distribuye "convenientemente. Los periódicos que acogen esa mercancía irregular fuera del circuito legal y ajena a la instrucción judicial manipulan el titular hasta llevarlo más allá de donde llevó el policía anónimo su propio análisis", deduce el periodista. "La víctima" no es otra que "la clase política que gobierna en Cataluña" que, como el propio periódico reconoce, "está inmersa en varios procedimientos judiciales".
Pero además, "los policías descalifican en sus 'análisis de situación' a los jueces y fiscales que investigan los casos de corrupción" que afectan a CiU. Y califica de "incomprensible" una información aparecida en La Gaceta que decía que la Generalidad había dado dinero a una Fundación presidida por el juez que lleva el caso Palau. "Todo lo que los policías anónimos escriben en sus informes sin firma ni destinatario acaba publicado en determinados periódicos de tendencia conservadora", indica Romero, que se hace eco de la "preocupación" de la Fiscalía ante estas "filtraciones interesadas".
"Un extraño encuentro"
Pero el thriller de Juan Manuel Romero no acaba ahí, si no que se complica con una reunión clave el 28 de octubre pasado entre agentes y fiscales. "Aquella cita en la fiscalía se produjo en las fechas previas al comienzo de la campaña electoral catalana, donde se dirimía el futuro de esa comunidad y el desafío soberanista" de Artur Mas. El exjefe de la UDEF José Luis Oliveras, nombrado jefe del Centro de Inteligencia del Crimen Organizado, pidió una reunión con el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, encargado de la investigación del caso Palau. La excusa de la reunión era presentar a Marcelino Martín Blas, jefe policial de Asuntos Internos". Pero el motivo de la reunión era otro, dice el periodista. Quería que le dejaran en sus manos el caso Palau y registrar la sede de Convergencia. "Solo unos días después" de aquel "extraño encuentro", varios periódicos próximos al PP lanzaban informaciones que culpaban a los dirigentes de CiU de todo tipo de delitos, la inmensa mayoría sin que hubiera todavía pruebas solventes para sustentar las acusaciones".
Pese a que "el trabajo de esos agentes sin identificar ha sido amparado por altos dirigentes del Gobierno y del PP", el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, está "desconcertado", en palabras del periodista de El País.