La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ya no quiere continuar como acusación particular en la causa que se sigue desde hace años en la Audiencia Nacional por el chivatazo a ETA, una delación que en 2006 evitó una operación policial contra la estructura de extorsión de la banda terrorista y que tenía como centro neurálgico el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).
De haberse llevado a cabo el golpe el día señalado inicialmente, los agentes de la Policía Nacional habrían arrestado junto a algunos terroristas al por entonces dirigente del PNV Gorka Aguirre –fallecido en 2009–, un hecho que habría coincidido en el tiempo con el encuentro en La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y Josu Jon Imaz –en aquel momento líder peneuvista–, en el que éste último dio al primero todo su apoyo a la negociación Gobierno-ETA.
La asociación profesional de agentes de la Benemérita, con representación en el Consejo de la Guardia Civil, considera que el hecho de que la Audiencia Nacional haya retirada la imputación del dirigente socialista y exdirector de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, tiene como objetivo eliminar cualquier atisbo de causa política al chivatazo a ETA y dejar el mismo como una mera iniciativa de los dos mandos policiales –Enrique Pamiés y José María Ballesteros– que continúan imputados.
Censuran la actitud del PP
A esto, se une que UO tiene que compartir acusación con el Partido Popular –una decisión tomada por el juez Baltasar Garzón– y que, desde que esto es así, la formación política no ha permitido a la asociación solicitar las pruebas que hubiese considerado oportunas ni le ha facilitado las información que sería de prever en estas circunstancias. Es más, creen que el partido de Mariano Rajoy ha perdido el interés en encontrar a los instigadores políticos.
Estas dos últimas cuestiones han sido las que han llevado a la asociación a tener serías dudas sobre la intención real de la Justicia, el Gobierno y el PP de llegar investigar hasta el final este chivatazo a ETA para aclarar quién dio la orden de que se llevase a cabo la delación.
"La investigación ha quedado, en nuestra humilde opinión, hecha jirones, por lo que se vislumbra la imposibilidad de saber quien o quienes fueron los verdaderos artífices de una orden que va más allá de lo policial", consideran desde la asociación.
"No nos vamos a prestar al despropósito, a lo político, ni a la creencia de que unos compañeros de Cuerpo Nacional de Policía han decidido, por iniciativa propia, favorecer a una banda de asesinos y jugar con la seguridad de otros policías y ciudadanos inocentes. Eso, sencillamente, no hay quien se lo crea. La tentación de negociar obedece a un juego político, y el demiurgo de ese juego se encuentra detrás del cortafuegos procesal existente", añaden.