En un extenso informe de 329 folios, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se muestra muy crítico con la reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el ministro Alberto Ruiz Gallardón.
La propuesta, elaborada por la vocal Margarita Robles, señala que algunas de las medidas que introduce la nueva ley como son la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad son de dudosa constitucionalidad.
En el informe, que este jueves deberá pasar el examen de la Comisión de Estudios y, posteriormente del Pleno, se señala que "la prisión permanente revisable constituye una novedad de calado, pues ninguno de los Códigos Penales españoles elaborados durante el siglo XX incluye la prisión a perpetuidad en el catálogo de penas".
"Históricamente, la prisión a perpetuidad, en sus diferentes modalidades, no ha sido ajena a nuestro ordenamiento penal" en referencia a los Códigos Penales de 1931 con la República y el de 1944 con la dictadura franquista.
Asimismo, el texto recoge que "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad perpetua sea conciliable con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución".
La ponencia también dedica duras críticas a la denominada custodia de seguridad. "Se introduce la figura de la custodia de seguridad, que se importa del derecho alemán y que tanta críticas y condenas por parte de la doctrina y de organismos institucionales ha recibido, hasta el punto que el Tribunal Constitucional alemán, país donde se creó y expandió, la ha declarado recientemente inconstitucional en los términos en los que está regulada, por considerarla lesiva a los derechos fundamentales".
En términos generales, el documento dice no compartir "en modo alguno" el argumento del Ministerio de Justicia cuando afirma que la principal finalidad de la reforma es dotar a la Administración de Justicia de "un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles y que, además, sean percibidas por la sociedad como justas".
A diferencia de esta argumentación, la ponencia de Robles defiende que la función primordial de los jueces consiste en interpretar la ley y aplicarla al caso concreto, razón por la que defiende la imprevisibilidad de la condición humana. "Por ello, difícilmente cabe poner reparos a la previsibilidad de las resoluciones judiciales, ya que aquéllos son ajenos a la creación normativa", destaca.
En estos momentos el Gobierno está a la espera de recibir los informes del CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de estado sobre el anteproyecto de Reforma de Código Penal. Una vez que los tenga en su poder podrá introducir las modificaciones que estime oportunas antes de que vuelva a ser estudiado –ya como proyecto de ley- en el Consejo de Ministros.