El secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández, figura entre los imputados por su presunta relación con la trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones que tiene como epicentro al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Fernández, que también es diputado en el Congreso, fue el encargado de la campaña del PSC en las elecciones catalanas.
Según han precisado fuentes del PSC, Fernández está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias a raíz de una conversación telefónica que mantuvo con la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, quien también ha sido imputada este martes.
La imputación que ha remitido este martes el juez a Fernández no hace referencia a presuntos delitos urbanísticos de la Operación Mercurio, aunque este eventual tráfico de influencias se haya destapado en el marco de la investigación, según las citadas fuentes.
Agentes de la policía catalana han acudido este martes a la sede del PSC de Barcelona en la calle Nicaragua para hacer entrega al socialista del escrito que le acusa. El papel llegó apenas unos minutos antes de la comparecencia que tenía previsto dar Daniel Fernández sobre el caso. En la misma, anunció que dimitiría de sus cargos orgánicos en el partido si se confirmaba su imputación, aferrándose a que aún no había comunicación oficial. Aseguró estar "muy tranquilo": "No he cometido ningún delito".
Tras confirmarse su condición de imputado, ha decidido poner su cargo a disposición del partido. El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha aceptado la suspensión "temporal" del político en todos sus cargos en una reunión de una hora con la cúpula del partido.
La trama corrupta de Sabadell
Por otra parte, los Mossos d'Esquadra han registrado este martes las dependencias del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).
El juzgado número 1 de Sabadell dirige la investigación que estaría relacionada con un presunto delito de corrupción urbanística y en el que estarían implicados varios empresarios.
El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos (PSC), y la diputada electa del PSC en el Parlament Montserrat Capdevila han sido también imputados por el juez que dirige la operación.