El tasazo judicial que pone fin a la Justicia gratuita en España entrará en vigor este jueves después de que la polémica ley haya sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado.
A partir de ahora interponer demandas o recurrir sentencias en el orden civil, social o contencioso administrativo costará dinero a los ciudadanos. Las cifras ascienden desde 150 euros a los 1.200 por llegar en casación hasta el Tribunal Supremo.
Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes. Lo Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo.
Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.
Reducir la litigiosidad
Según recoge el texto aprobado por el Ejecutivo, con la nueva ley de tasas "se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional" para evitar abusos en la Administración de Justicia.
Lo cierto es que la medida ha puesto en pie de guerra a jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados que insisten en que se creará "una justicia para ricos y otra para pobres" ya que el importante incremento de las tasas limitará la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución.
La publicación de la norma ha sido recibida con lazos negros en los perfiles de los usuarios de Twitter y los hashtag de #LazoNegroPorLasTasasJudiciales y #stoptasasjudiciales en la red social. La imagen del lazo negro ha sido incorporada a los perfiles de la asociación de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.
Con las nuevas tasas, el Ministerio de Ruiz-Gallardón prevé recaudar unos 306 millones de euros frente a los 160 de ejercicios anteriores.