Los sindicatos han convocado cuatro días de huelga en la sanidad pública madrileña. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha calificado en esRadio la convocatoria de "irresponsable e injustificada porque lo que menos necesita España es dejar trabajar, lo que necesitamos es arrimar el hombro".
En una entrevista en Madrid es Noticia ha explicado que "la Comunidad de Madrid se ha visto obligada hacer un ajuste de 2.700 millones de euros como consecuencia de un sistema de financiación injusto, un recorte que afecta a todos los sectores aunque a la Sanidad es al que menos".
Lasquetty ha añadido que "queremos mantener el nivel de calidad pero tenemos que hacerlo con una cantidad importante de dinero menos el año que viene" por lo que "es necesario que trabajemos de otra manera como por ejemplo con hospitales públicos con gestión privada o de otras maneras que buscan la garantía de la continuidad de la sanidad pública que tenemos".
El principal escollo con los sindicatos es "lo que consideran, a mi modo de ver equivocadamente, como una amenaza para los empleados públicos". El consejero de Sanidad ha apuntado que "la verdadera amenaza no es que tomemos medidas para no gastar más de lo que tenemos, sino que fuéramos tan irresponsables como para seguir como si no pasara nada y a mitad de año no tuviéramos dinero para pagar sus nóminas".
Euro por receta
Sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional recurra la medida del euro por receta ha matizado que "tomamos esa medida seguros de que estamos dentro de nuestras competencias y convencidos de que contribuye a hacer viable y financiable el sistema sanitario público".
Asimismo ha subrayado que "la medida no tiene una finalidad recaudatoria sino disuasoria". Lo que pretenden, según el consejero, es que "no exista en Madrid mucho más gasto farmacéutico del que hay en casi cualquier otro país de Europa". Es decir, que "cuando a una persona su médico le receta un medicamento antes de ir a la farmacia piense si le quedó en casa de la otra vez, muchos hogares acumulan cajas sin abrir".
No obstante a dicho que "estamos abiertos al mismo diálogo que el Gobierno está manteniendo con la otra comunidad autónoma que ha tomado esta medida, Cataluña". De esta forma, "si finalmente el Gobierno decide llevarlo a un recurso de inconstitucionalidad comprenderíamos que también lo hiciera con Madrid".