El Gobierno aseguró que no va a dar ningún paso en relación a los presos de ETA. “No van a conseguir nada, no se va a conceder nada”, zanjó la vicepresidenta. Encima de la mesa, la estrategia de Batasuna y el PNV de preparar otra conferencia de Ayete para la “internacionalización” de los reos de la banda asesina, según avanzó El Mundo.
Soraya Sáenz de Santamaría quiso ser taxativa. Y dura. “Por mucho que se internacionalice”, enfatizó, “son presos que han cometido delitos terroristas”, y que por lo cual ya han sido juzgados por la Justicia. “Ni dentro ni fuera”, arguyó, se aceptarán sus planteamientos. Un portazo sonoro porque “vayan a donde vayan, o se pidan las actuaciones que se pidan, solo les queda la disolución”.
La advertencia se produce, además, la misma semana en la que tanto el Ejecutivo como la Fiscalía ven indicios de que Bildu -cada vez con más poder en todos los estamentos- empieza a travesar líneas rojas que podrían llevar a su disolución, de acuerdo a la ley de partidos. El Gobierno no va tan lejos como para pedir formalmente a la Abogacía del Estado que trabaje en este sentido, pero destaca: “Seguimos con mucho interés las averiguaciones de la Fiscalía para actuar en el momento en el que la propia Fiscalía considere oportuno”, en voz de Sáenz de Santamaría.
Así, la portavoz no solo hizo suyas las palabras del Ministro del Interior, sino que ahondó en la idea de que esas “líneas rojas” se están atravesando y que el Gobierno no lo va a consentir. “Analizamos los datos por si se traspasan. Y, desde luego, desde el momento en el que se considere que se ha traspasado la ley de partidos, se actuará”, concluyó. De momento, eso sí, no hay abierto proceso de ilegalización.