"Nunca más, mientras yo sea alcaldesa, cederemos ningún edificio del Ayuntamiento para este tipo de eventos", anunció este viernes Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, un día después de la tragedia en el Madrid Arena que costó la vida a tres jóvenes y dejó a otras dos en estado crítico.
En una rueda de prensa imprevista pero en la que compareció junto al vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva; el delegado de Economía Empleo y Participación Ciudadana y presidente también de la empresa municipal que gestiona el Madrid Arena, Pedro Calvo y el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, Botella incidió en que "no volverán a ser alquilados para este tipo de usos. Nunca más, porque la vida humana es lo más importante y el riesgo demasiado grande" cuando se "juntan" en "un sitio cerrado demasiado alcohol", gente y calor, entre otras cosas.
"Mi deber como alcaldesa es hacer todo lo que esté en mi mano para que una tragedia como ésta no vuelva a suceder. Es el mejor homenaje para las víctimas y sus familias" que desde el consistorio madrileño se puede hacer, sostuvo Botella.
Después, el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, precisó que todas las fiestas previstas en instalaciones municipales, incluida una ya acordada antes de fin de año, han quedado suspendidas. De esta manera, hizo referencia al concierto del DJ alemán de música electrónica Boys Noize, previsto para el jueves 8 de noviembre en el Pabellón Satélite, conectado al Madrid Arena, que ya se suspendió este viernes por la mañana.
Calvo matizó que sí que se podrán celebrar conciertos que no sean de estas características y que, por ejemplo, se celebren con butacas, sillas o gente sentada. "No tienen la misma consideración y, por lo tanto, las mismas consecuencias", indicó el delegado madrileño. Aunque no concretó – ni él ni Botella – cuál sería a partir de ahora el aforo máximo permitido. Calvo sí insistió en que todos los eventos que estaban previstos realizarse con la empresa organizadora de la fiesta del miércoles, Diviertt, y "todos los eventos que se habían hablado con cualquier otra empresa", incluida una para antes de Fin de Año, quedan suspendidos.
La Policía, sin capacidad de control a la empresa
Por otro lado, desde el Ayuntamiento así como desde la Policía – allí estaba también presente el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo – se afirmó que los agentes no tienen ningún tipo de potestad para controlar a los 'controladores'. Es decir, que la Policía no podía acceder al recinto para comprobar que los controles de seguridad – entradas, registro de mochilas o aforo – se estaban cumpliendo.
De esta manera, contradicen al juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, quien aseguró que la empresa pública dueña del inmueble es la encargada del plan autoprotección, en el que se incluye los planes de evacuación y los límites de aforo. "En lo que afecta el aforo, antes, durante y después la Policía Municipal es la encargada de velar por que se cumpla", dijo, para añadir que "a partir de ahí toda la responsabilidad está en la empresa organizadora". Así, insistió en que la Policía Municipal tiene competencias por si hay incumplimiento del aforo".
En la inspección previa, "todo correcto"
Según explicaron los responsables municipales, la fiesta tenía 35 guardias de seguridad en el recinto y 75 controladores en el interior del pabellón. La policía municipal, por su parte, hizo una inspección una hora antes del evento junto a la Delegación del Gobierno. "Ningún indicio llevó a pensar que hubiera que investigar durante el concierto si se había superado el aforo", dijo Monteagudo. Fuentes municipales señalaron después a LD que durante esa inspección todo estaba correcto: puertas de emergencia, extintores, etc.
Por su parte, el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos, detalló que se estableció un nivel de riesgo por encima del que requiere un espectáculo como el de la pasada madrugada, considerado de riesgo medio al contar con seguridad privada. Aun así, el Ayuntamiento, siguiendo el protocolo existente desde 2008, envió efectivos como si el evento fuera de alto riesgo.
Un total de 16 agentes municipales vigilaban el exterior del recinto del Madrid Arena. Había, un mando oficial, sargento, cabo y 14 policías. Y otros 24 entraron en acción a las 4.15, después del suceso mortal, según el Ayuntamiento.
En contra de la hipótesis que apuntan fuentes de la investigación, que sostienen que se produjo una avalancha de personas que accedió sin control al recinto -muchas de las cuales no tenían entrada-, la Policía Municipal indica que no le consta que hubiera aglomeraciones con la intención de entrar, con o sin entrada, ni le consta que nadie intentara acceder al recinto con entradas falsas. "Si los organizadores hubieran tenido la impresión de que se estaba sobrepasando el aforo, habrían avisado a la Policía Municipal. Y desde las 0.00 no hubo ningún incidente registrado", asegura el Ayuntamiento. "Con los indicios que se estaban observando, en ningún momento se vio la necesidad de realizar ninguna inspección más", reiteró también Monteagudo
"El contrato con los organizadores era legal"
De la misma opinión se mostró Pedro Calvo, que aseguró que los profesionales de la empresa municipal "no tuvieron la sensación de que se sobrepasara el aforo", lo mismo que le trasladó el personal de Samur y Policía Municipal una vez sucedidos los hechos.
El Ayuntamiento señaló también que cerrar el contrato con los organizadores era legal, pese a que tenían deudas con la Seguridad Social, porque no lo hizo el Ayuntamiento como tal sino a través de Madrid Espacios y Congresos. La empresa Diviertt, que organizó el evento, mantenía al menos dos deudas con la Tesorería de la Seguridad Social por un valor total de 26.047 euros.
Sobre la posible presencia de bengalas en el recinto, Calvo señaló que eso lo establecerá la investigación policial e insistió que el control de acceso recaía en la seguridad contratada por la empresa Diviertt, al igual que la entrada, de modo que, si entraron menores con DNI de otras personas o sin ellos, la responsabilidad es de la organizadora y "tendrá que atender a sus responsabilidades". En cuanto a las entradas, Calvo confirmó que el Ayuntamiento ha reclamado a la empresa que se encargó de su control, Dator, información sobre las mismas. Lo ha hecho mediante el envío de un burofax, aunque todavía no ha obtenido respuesta.
Por último, la alcaldesa confirmó lo que ya habían anunciado por la mañana: que "había aceptado la propuesta para la creación de una comisión de investigación" en el Ayuntamiento y que si se desprende de la investigación que hubo irregularidades por parte de los organizadores el Consistorio se personará como acusación en la causa.