El objetivo estaba claro: desmentir las informaciones que apuntaban a una rebelión de los consejeros de Educación del PP. Y así fue. Todos los responsables del ramo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular quisieron comparecer en una rueda de prensa conjunta, tras la reunión de más de cuatro horas mantenida en el Ministerio de José Ignacio Wert, para expresar su apoyo al ministro y al anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
"Estamos todos en esta foto", comenzó subrayando el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, que ejerció de portavoz, y quiso agradecer a Wert su "disposición y ganas de consenso" a la hora de abordar esta reforma y que "haya dado un calendario de trabajo, donde se pueda buscar el mayor consenso posible".
"En ningún momento hubo malestar o enfrentamiento", sentenció el gallego, Jesús Vázquez. "Creo que todos partimos de una filosofía que, además, estaba en un programa electoral con el cual se presentó un Gobierno", recordó. "Creo que todos, en este caso, estamos para colaborar. Reitero ese agradecimiento al Ministerio por esa actitud participativa y que demuestra la voluntad para poder llegar a una Ley de consenso y ahí vamos a trabajar todos desde el primer momento", dejó claro Vázquez.
En cualquier caso, Wert ha flexibilizado los plazos para alcanzar ese acuerdo, tal y como adelantaron las CCAA y después confirmó el ministro: habrá dos nuevas reuniones en noviembre y otra en diciembre para tratar de llegar a un consenso definitivo, que en ningún caso supondrá retrasar la aprobación de la ley. "Enero es un mes de vacaciones parlamentarias", recordó Wert, así que no hay mucha diferencia en cuanto a presentar el anteproyecto a finales de diciembre que a principios de febrero.
"No es un proyecto centralizador"
Éste parece ser el único punto que ha concitado la unanimidad de todas las comunidades. Y es que a pesar de señalar que la extensa reunión se había desarrollado en un "clima muy constructivo, franco y sincero", Wert reconoció también que por un lado, están las del PP más Navarra, mientras que por otro están las críticas (Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias) que acusan al Gobierno de invadir sus competencias en materia de educación.
Pero éste "no es el criterio del Ministerio", dijo. "No es un proyecto centralizador" sino "clarificador y en plena concordancia con lo que dice la Constitución", añadió Wert. "Se puede dialogar de todo, pero nunca vamos a dejar" de perseguir los objetivos de la ley, sentenció.
Cataluña recurrirá al TC si no hay "un giro claro"
Sobre la Constitución y la doctrina del Constitucional se refirió la consejera catalana, Irene Rigau, que afirmó que recurrirá esta ley "si no cambian las cosas", ya que su texto, según ha afirmado, "invade competencias y destila recentralización". Se recurrirá si no hay "un giro claro". Y señaló que "si se reduce la política de Cataluña a una mera ejecutora de la política diseñada por el ministerio, es un cambio de modelo de Estado que no coincide con el Estatuto, con las ambiciones de Cataluña, ni con la sentencia del TC".
Muy crítica estuvo también la consejera vasca en funciones, Isabel Celaá, que antes de entrar a la reunión anunció su intención de pedir que se retire este anteproyecto de ley porque, entre otras cosas, se apropia de competencias educativas como son las evaluaciones y, en su opinión, quien se reserva para sí esas pruebas "se reserva todo". Se refiere a esas reválidas que tendrán carácter estatal. "Quien se reserva para sí la evaluación, se reserva todo, si hay evaluaciones, reválidas tanto al final de la ESO como al final del Bachillerato, con efectos académicos, se está reservando para sí los criterios y contenidos de evaluación", según Celaá, quien consideró que el sistema educativo se puede convertir "en una academia que forma para hacer pruebas".
"Es una propuesta que nos retrotrae a medidas y épocas que estaban en el desván como que la Formación Profesional sea territorio de segunda en comparación con el Bachillerato, es una propuesta anticuada y tremendamente inaceptable", agregó la consejera vasca.
Por su parte, la andaluza Mar Moreno quiso subrayar que no sólo se han "implicado en la crítica" sino también en las soluciones, que han plasmado en un documento que han hecho llegar al Ministerio. Aunque como líneas rojas situó el hecho de que las "reválidas conviertan al sistema educativo en una carrera de obstáculos y cuestionen el trabajo y la evaluación continua del profesorado"; también se refirió a las "vías muertas" que, en su opinión, "expulsan al alumnado del sistema educativo"; el "ránking de centros, que segregará a la escuela pública" o que, según ella, los "directores se pongan a dedo desde el Ministerio".
Dos cambios polémicos
Dos de los temas más polémicos son, por un lado, el nuevo reparto de competencias educativas: el Estado aumenta su capacidad para establecer los contenidos mínimos y comunes para todas las autonomías, de manera que pasa del 55 por ciento al 65 por ciento, en las comunidades con lengua cooficial, y del 65 por ciento al 75 por ciento en el resto.
Y por otro, la realización de las pruebas de evaluación censales y nacionales -dos en Primaria, una al final de la ESO y otra al final de Bachillerato, estas dos últimas necesarias para titular-, que serán gestionadas por el Ministerio de Educación.