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En el Hospital de Almería

La Junta crea una plaza para un imputado en los ERE

Daniel Alberto Rivera ocupa un nuevo cargo, inexistente hasta ahora: jefe de compras del Hospital de Alta Resolución El Toyo. 

Ha sido en el Hospital de Poniente de Almería, donde se ha recolocado al imputado y ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera en la jefatura de compras del Hospital de Alta Resolución de El Toyo, de Almería, puesto inexistente hasta ahora. 

La consejería de Salud ha explicado a El Mundo que Rivera "sólo ha vuelto a ocupar su plaza como técnico superior" desde mediados de septiembre. Pero el exdirector de Empleo de la Junta ocupaba antes de ser nombrado para este cargo, en abril de 2010, el puesto de responsable de los equipos jurídicos del Hospital de Poniente de El Ejido, donde trabajaba. Antes, había sido director de Recursos Humanos del mismo centro.

El nuevo nombramiento no ha sido bien acogido en la empresa pública Hospital de Poniente porque se está en tiempos de recortes sanitarios que al parecer no afectan a la plantilla de directivos nombrada por la Junta. El hospital cuenta con 90 cargos directivos y sólo 180 médicos. 

La no existencia de la plaza de jefe de compras hasta ahora parece indicar que, durante años,  la plaza y la función no han sido consideradas necesarias o estaban asumidas por otros efectivos y departamentos. 

Un caso peculiar

El caso de Daniel Alberto Rivera, natural de Córdoba y licenciado en Derecho, nombrado director general de Empleo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 13 de abril de 2010, es algo peculiar.

Llegó a la dirección general de la mano del entonces consejero Manuel Recio, que había ocupado con anterioridad el cargo de subdirector adjunto en el Hospital de Poniente. 

Rivera fue imputado en la causa de los ERE fraudulentos el pasado 27 de enero por la juez Mercedes Alaya, por participar en la trama de intrusos. Cinco meses después de su imputación, el pasado 12 de junio, fue destituido tras haber sido defendido por el presidente Griñán.

Hasta tal punto es peculiar el caso de Rivera que es la propia Junta de Andalucía la que está pagando su defensa jurídica en el juzgado de Sevilla. La Junta justifica esta anomalía escandalosa, dado que la Junta es acusación particular en el caso, diciendo que Rivera fue quien investigó internamente el caso.

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