Las víctimas de la imposición lingüística en Cataluña no son sólo los escolares, afecta directamente a todos aquellos que abran un negocio en esa comunidad y que no rotulen al menos en catalán. Multitud de multas lingüísticas se han cursado en los últimos años. En 2011, la Administración catalana impuso 226 sanciones por un importe total de 176.100 euros.
Y si hay un hombre que representa la persecución a la que la Generalidad somete a los empresarios catalanes que no rotulan su negocio en catalán es Manuel Nevot. Su caso se hizo famoso al citarlo Mariano Rajoy en el debate por televisión, celebrado antes de las elecciones de 2008, que mantuvo con el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Nevot ha recordado a Libertad Digital que inauguró su negocio en 1982. En ese momento puso un cartel "de 12 metros de largo que decía: Fincas Nevot API, rústicas, solares y terrenos. Luego, en 1998 salió la normativa que obligaba a rotular al menos en catalán" y mandó grabar Finques Nevot en la vidriera de la puerta de entrada. A pesar de que rotuló en catalán, le sancionaron con 400 euros porque el rótulo principal no lo estaba y otros 400 "por no tener el cartel que anuncia la existencia de un libro de reclamaciones". En su tienda se presentó una inspectora, que fue quien le comunicó la multa. "Usted no tiene el cartel principal en catalán", justificó.
Tras su paso por los juzgados, en 2010 presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que "ha hecho caso omiso hasta la fecha de nuestra reclamación. No lo ha resuelto ni nos ha comunicado nada", lamentó.
Manuel Nevot lo tiene claro: "Lo que está haciendo la política catalanista es apoyarse en una idea para mantenerse en el poder", pero "los catalanes no somos independentistas, sino que es el gobierno de CiU el que para tapar sus fracasos económicos se ha inventado lo de la independencia" así como la imposición del catalán, sostuvo Nevot. Aunque con quien está especialmente decepcionado es con Rajoy y su Gobierno. "Me ha defraudado mucho, porque no ha hecho lo que tenía que hacer". Es por todo ello por lo que se muestra profundamente desesperanzado: esta situación "no cambiará nunca".
"Si me quitan ese dinero tengo que cerrar"
A poco más de 50 km de distancia de donde Nevot, ya jubilado, tenía su negocio (Arenys de Mar) se encuentra el taller de Óscar Baidez. Concretamente en Sant Boi de Llobregat. En 2005 abrió junto a un socio el primero de ellos, que finalmente cerró, y, años después, en 2009, abrió otro nuevo, esta vez él solo.
Por dos veces fue denunciado por no tener los letreros escritos en catalán. La primera de ellas, fue un vecino el que puso en conocimiento de la Administración catalana esta 'infracción'. Le aconsejaron dejar pasar el tema. "No hagas caso, la empresa ya está liquidada". Sin embargo, tiempo después, se presentó en su nuevo taller "un personaje diciéndome que era inspector, y me enseña un documento de mierda, que viene a ser su supuesto carné", exigiéndole que le mostrara los papeles de la empresa. Baidez le intentó explicar que esa empresa ya no existía, que había cerrado hacía ya años.
No obstante, el inspector tomó nota de que los carteles del nuevo taller no estaban escritos en catalán y meses después le llegó una carta de la Agencia Catalana de Consumo informándole de que se le sancionaba por ese motivo. "Pasé todos los controles cuando estaba abriendo el negocio y nadie me dijo que tuviera que poner un rótulo en catalán", criticó. Esta vez, no le quedó más remedio que pasar por el aro y tradujo los nombres en castellano al catalán, de tal manera que estuvieran escritos de las dos maneras. Hizo fotos de esos letreros ya ajustados a las exigencias de la Generalidad, como le indicaron desde esta Agencia Catalana de Consumo y las envió "por correo ordinario".
Pero nunca llegó ese correo. O eso le dijeron. Pasados los meses se volvieron a poner a en contacto con él para comunicarle ya la sanción, no recurrible, "pues el plazo había vencido". Dos multas le impusieron: una de 1.200 euros y otra de 800. "Yo les dije que no iba a pagar. Si me quitan eso de la cuenta tengo que cerrar el negocio".
A partir de ese momento comenzó su camino por los tribunales junto a otros empresarios que también se han visto afectados por estas sanciones y que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. "Yo soy más catalán que muchos de esos payasos que han nacido en Córdoba" u otras partes de España. Pero está radicalmente en contra de este tipo de leyes de la Generalidad. "Lo que les importa es la pela".
"Si es que además en mi barrio alucinan", cuenta. Y es que "el 90% de las personas que viven aquí son extremeñas o andaluzas". Y muchos de sus clientes le comentan: "Si me escribes los letreros en catalán no sé lo que pone". Además, Baidez afirma que si los carteles los escribes en "ruso, chino o inglés, no pasa nada"; no hay sanción. "Los pones en castellano y sí. Son temas de subnormal".
Ángel Centeno es otro empresario víctima de este sistema. En esRadio contó su caso. "Son unos talibanes", dijo de la Generalidad. "Esta gente está rayando la ilegalidad. No sé adónde quieren llegar".
"Cataluña es como una ciudad del Oeste"
Ahora, el Tribunal Constitucional ha anulado la norma que permitía hasta 2010 sancionar a las empresas por no rotular en catalán. Era la Ley catalana 3/1993 del Estatuto del Consumidor, por lo que los procedimientos basados en esa norma que estén pendientes de resolverse podrán ser declarados nulos. No obstante, en 2010 entró en vigor el Código de Consumo, que también recoge las multas lingüísticas y sobre el que el TC aún no se ha pronunciado.
Por tanto, esta sentencia conocida este lunes –aunque dictada el pasado 1 de septiembre– "no tiene ningún efecto práctico", se lamentó Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, porque la nueva ley sigue manteniendo las sanciones lingüísticas. Así que, en este caso, "tiene razón la Generalidad cuando dice que seguirá multando", aunque sea profundamente inconstitucional y a pesar de la sentencia, también del propio TC, de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, añadió.
Caja, cuya asociación lleva los casos judiciales de cinco comerciantes que también ha sido multados en base a esta ley del 93, se mostró pesimista al recordar que da igual lo que establezcan los tribunales y digan las sentencias; la Generalidad no las cumple. "Es como una ciudad del Oeste, la ciudad sin ley".