El abogado del capitán del Prestige ha pedido la suspensión del juicio y el sobreseimiento de la causa en lo que se refiere a la acusación por un delito contra el medio ambiente contra Apostolos Mangouras. Además, ha puesto en duda que España pueda garantizar a su cliente un juicio "justo".
En su intervención, el letrado, que rechaza la calificación jurídica de las acusaciones por entender que no existió "dolo", ha reclamado la "nulidad parcial" por "violación de derechos constitucionales" y la suspensión por el hecho de que se pida la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime, encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada en el juicio.
En relación a la vista oral, se ha preguntado si España es capaz de garantizarle a Mangouras "un juicio justo cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe", ha indicado en relación a los términos empleados por representantes del Gobierno.
Además, ha acusado al Estado español de haberse "prevalido de su poder" para inspeccionar el pecio del barco "sin dar" a la defensa"posibilidad de participar en los reconocimientos" y de "infringir derechos fundamentales" con la documentación recogida en el barco.
El capitán ha asegurado que la responsabilidad de la catástrofe la tienen las autoridades españolas: "A partir del día 14 de noviembre las autoridades marítimas españolas asumieron el control del buque y adoptaron decisiones equivocadas".
Siete meses de juicio
El macrojuicio ha arrancado a las 09:50 horas y se celebra en Expocoruña, un recinto multiusos que ha sido necesario habilitar dadas las dimensiones del proceso, el mayor de la historia judicial de Galicia, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores.
Están acusados en este proceso el capitán del barco, el griego Apostolos Manguras, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia; los mismos delitos que se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas. Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.
En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.
Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 2.233,76 millones, aunque durante la jornada de hoy la Fiscalía presentará una prueba pericial elaborada por expertos de la Universidad de Santiago que eleva la cuantía de los daños a casi 4.000 millones y que deberá ser valorada por el tribunal.
El tribunal encargado de enjuiciar la causa está formado por Juan Luis Pía Iglesias, que será además el ponente, Salvador Sanz Crego y María Dolores Fernández Galiño, que tienen previsto dictar sentencia en septiembre de 2013.