El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado este jueves las diligencias abiertas contra ocho imputados por organizar las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados, al considerar que no existen indicios de la comisión de delito alguno, "ni siquiera de los previstos en el Código Penal contra las Instituciones del Estado".
Los 35 acusados han quedado en libertad sin la imposición de medidas cautelares al considerar el juez acreditado que no intentaron en ningún momento penetrar en las instalaciones del Congreso.
Para justificar su decisión, el juez se pone del lado de los convocantes hasta el punto de criticar, por "exagerados", los temores de la Policía, que alertaba en la denuncia de que los manifestantes pretendían "ocupar una de las Instituciones públicas más importantes del Estado": "La gravedad aventurada por la Policía no era tal", dice en alusión a la posible ocupación de la Cámara baja.
También arremete contra los políticos para defender el "derecho fundamental de libertad de expresión" de los manifestantes. Dice Pedraz que "no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".
Añade el juez que la libertad de expresión ampara este tipo de manifestaciones y apunta que exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno en modo alguno puede ser un delito."No sólo porque no existe sino porque en caso de que sí existiera atentaría claramente al derecho fundamental de la libertad de expresión", dice.
Para defender la legalidad de lo ocurrido el 25-S, cita el diario de sesiones del Congreso de ese día, destacando que no se alude a incidente alguno. Sobre la violencia acreditada por el atestado policial enviado al juez, indica que "no puede hacerse responsables de delito a los convocantes", apunta que "el perímetro de seguridad está alejado de la sede", y añade que "no cabe deducir que intentar saltarse o pretender rebasar el perímetro implique entrar en el edificio (lugar cerrado), pues puede pensarse también que sólo se quisiera rodearlo".
El juez, que agrega que a ningún diputado se le impidió salir del edificio, reconoce que en la zona de las protestas se incautaron adoquines, una maceta de albañil, un cincel y pilas, entre otros objetos, pero especifica que "no por ello hay que deducir que esos instrumentos fueran destinados para entrar en el Congreso". "A la vista de la copia del atestado lo que más pudiera significar es que esos instrumentos fueran destinados para ser utilizados contra la Policía actuante, máxime si la propia unidad policial así lo dice".
En el auto, además, cita las propias declaraciones de los imputados para corroborar el supuesto "carácter pacífico de las concentraciones" y menciona la denuncia contra Cristina Cifuentes presentada por uno de ellos en la que se le acusa de provocar los disturbios "en tanto que grupos de policías y colaboradores bajo la dirección de la Delegación del Gobierno de Madrid infiltrados entre los manifestantes fueron los que iniciaron dolosamente los desórdenes".
Los ocho imputados llegaron poco antes de las 10:30 de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid y permanecieron con el magistrado menos de una hora.
A su salida de sede judicial fueron recibidos con muestras de apoyo por parte de las varias decenas de manifestantes que han seguido desde la calle el transcurso del interrogatorio. Los ciudadanos que acudieron a las puertas de la Audiencia en solidaridad con los imputados portaron pancartas en las que podía leerse lemas como: "Los de dentro del Congreso sí atentan contra el Estado" o "Dejar impunes a banqueros y corruptos es atentar contra el Estado", a la vez que coreaban consignas como "No estáis solos" o "No tenemos miedo".