El Ministerio de Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, no se plantea modificar la actual regulación del derecho de manifestación, informaron en fuentes gubernamentales desde Rabat, informa Efe.
La respuesta por parte del Ministerio del Interior se produce un día después de que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, plantease modular el derecho de reunión y manifestación debido al gran número de actos de protesta que se han celebrado en la capital de España en lo que va de año.
Sin embargo, el Ministerio del Interior se ha desmarcado de esta iniciativa, aunque las fuentes citadas entienden la situación que se ha creado en los últimos meses en Madrid, donde algunos días han coincidido varias manifestaciones.
También recuerdan que en algunos casos, cuando la Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado algunas manifestaciones, su decisión ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial que finalmente las ha autorizado.
Otras fuentes gubernamentales indicaron, tras insistir en que no habrá cambios en la regulación del derecho de manifestación, que sin embargo sí es necesario introducir cambios legales para endurecer la respuesta a aquellos que infringen las normas.
El CEP también lo rechaza
El secretario general de la Confederación Española de Policía, Ignacio López, también se ha mostrado contrario a una reforma de la ley de manifestación. "No se debe tocar una ley que regula un derecho fundamental, porque ese derecho viene perfectamente" recogido y regulado, porque "sería como dar la razón a los violentos y sobre todo por lo que ha dicho el fiscal general del Estado", señaló López En casa de Herrero, de esRadio, en alusión a su postura sobre posibles cambios legales.
Eduardo Torres-Dulce ha afirmado este miércoles que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular, aunque sólo "administrativamente", el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.
En este mismo sentido se ha manifestado el secretario general del CEP. "En aquellas situaciones en las que se haga un uso defectuoso de este derecho, en las que se abuse de él" que se apliquen las sanciones oportunas, manifestó.
En caso de que las concentraciones sean ilegales –cuando no se comunican a la Delegación del Gobierno y por tanto no cuentan con los permisos necesarios–, "esos comportamientos incívicos tienen que tener una sanción", opinó. "Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno tienen plena capacidad para sancionar", indicó. Y reiteró que, en su opinión, modificar la ley de manifestación, restringirla o aplicar una excepcionalidad en Madrid generaría "más malestar social, mayor crispación".
Lo que también rechazó de plano Ignacio López es que la Policía sea responsable de las situaciones de abuso que en ocasiones se realizan. El secretario general del CEP explicó que el protocolo existente establece dar primero cuenta del suceso a la Sala 091, que será la que imparta las instrucciones. Éstas están basadas en las medidas que ordene la Delegación del Gobierno.
"Les recomendaría", señaló López en referencia a los políticos, que "no interpreten las leyes con la flexibilidad con que lo hacen. Pasamos de una permisividad absoluta a unas restricciones que pueden generar más crispación", sostuvo. "Son los políticos los culpables. En nosotros no encontrarán un mensaje equívoco al respecto".