La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, ha negado durante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, que dicho departamento tuviera "jerarquía" sobre otras consejerías, entre ellas la de Empleo, así como también haber recibido ningún tipo de "advertencia" por parte de la Intervención de la Junta sobre el procedimiento de concesión de ayudas socioalaborales a empresas en crisis y trabajadores.
La exministra dice que no recuerda a Francisco Javier Guerrero, director general de Empleo de la Junta. "A Guerrero lo he visto en la tele, como todos ustedes", dijo. "Ahora mismo no me acuerdo de su cara", señaló a continuación.
Álvarez, que estuvo en el cargo entre los años 1994 y 2004 y que actualmente es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha dicho que la Intervención General emitió un informe sobre este asunto un año y medio después de que ella dejara el cargo, aunque el contenido del informe se refiera al año 2003. Ha asegurado que el interventor general no se dirigió a su persona durante la elaboración del mismo. "(El interventor) no puede y no debe hablar con el consejero porque ello comprometería su autonomía", ha añadido.
Álvarez ha insistido en que la Consejería que dirigía no tenía "ningún conocimiento" sobre las ayudas sociolaborales concedidas, ni sobre el convenio firmado en 2001 entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Consejería de Empleo en esta materia. También ha negado que mantuviera reuniones con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera sobre las citadas ayudas, como, según ha indicado, se ha publicado en algún confidencial.
Según informa Europa Press, ha defendido durante una intervención de unos 30 minutos los controles económicos establecidos por la Junta durante el periodo en el que fue consejera, haciendo un especial hincapié en el control financiero permanente, un instrumento en el que Andalucía fue "pionera". Si bien, aunque ha puesto en valor la eficacia de dichos controles, ha lamentado que en ocasiones no se pueda evitar que haya personas que infrinjan la ley.
Asimismo, ha dicho que "como andaluza" se siente "indignada y engañada" en relación al fraude que se haya podido cometer con el dinero público destinado a las ayudas sociolaborales.