Iñaki Urdangarín y Diego Torres intentaron que el Gobierno valenciano pagara al menos 123 facturas –que ascendían a dos millones de euros- por un acto que ni siquiera llegó a realizarse: los Juegos Europeos. Noós se ofreció a dirigir la candidatura de Valencia, pero finalmente nunca tuvo lugar, aunque sí se firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Camps.
Según informa este martes El País, unos meses después de firmar el convenio, el Gobierno valenciano comenzó a recibir las facturas por servicios que no se realizaron, según la investigación. Fue la que fuera consejera de Presidencia de la comunidad, Isabel Villalonga, quien se encargó de rechazar, una a una, las 123 facturas recibidas en 2006. Así se lo explicó al juez Castro en la causa contra Urdangarín, al que mostró el documento donde anotaba todos los rechazos de dichos pagos. Las anomalías del yerno del Rey quedaron por escrito, y ahora figuran como pruebas en el sumario del caso.
El magistrado agradeció la colaboración, y el hecho de que evitara un gasto de dinero público de dos millones de euros de la Comunidad Valenciana. Castro retiró la imputación que pesaba sobre ella tras su confesión.
"Las facturas no tenían soporte documental, no tenían nada que a mí me indicara que eso se había hecho, ni un acta de reuniones de preparación, ni unas nóminas de estos consultores o un alta como autónomo, si es que eran autónomos. No tenía nada", le dijo al juez.