Ha habido que esperar al final de su discurso para conocer la noticia más significativa que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido en su intervención: Esperanza Aguirre ha anunciado que se va a poner en marcha la privatización de Telemadrid.
La presidenta ha señalado que su gobierno "respaldará el proceso de privatización que iniciará la dirección de Telemadrid" y ha asegurado que es una medida "que no debe sorprender a nadie", ya que estaba en el programa electoral de los populares y era una promesa que en multitud de ocasiones ha hecho la propia Aguirre.
La presidenta explicó que el proceso "se iniciará de inmediato". Sin embargo, no se han dado, al menos en el discurso, mayores detalles sobre cómo será o qué porcentaje público tendrá la entidad resultante, si es que tiene alguno.
Según fuentes conocedoras de la cuestión han asegurado a Libertad Digital, la privatización debería iniciarse por un adelgazamiento de la empresa que podría implicar un fuerte recorte de personal. Para ello, la previsión es que se contrate a una empresa externa que pueda aportar un plan para hacer ese recorte de forma que la empresa resultante sea viable.
En cualquier caso, las expectativas sobre el posible ERE suponen que muchos empleados de la televisión pública perderían su trabajo. Sólo después de ese "adelgazamiento" la empresa se podría ofrecer a un hipotético comprador.
Las subvenciones sindicales a los empresarios
Probablemente, el segundo anuncio de más calado hecho por Aguirre durante su discurso ha sido lo referente a las subvenciones para la formación que hasta el momento vienen recibiendo sindicatos y patronal.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que estas cantidades se dedicarán a partir de ahora a "reducir los costes de los emprendedores" para que éstos "puedan crear empleo". Así, la administración autonómica compensará "una parte de las cuotas a la Seguridad Social" cuando un emprendedor cree su primer empleo.
La subvención tendrá una duración prevista de 18 meses y, según los cálculos que ha realizado la propia presidenta, podría beneficiar a entre 10.000 y 12.000 pequeños empresarios.
Revisar el estado autonómico
Otro anuncio importante ha sido el referente a la devolución de las competencias de Justicia a la Administración Central, una idea que Aguirre ha vuelto a plantear dentro de una parte de su discurso que en la que ha cargado con dureza contra el estado autonómico.
Aguirre ha recordado que la autonomías "nacieron hace 33 años para dar solución a las aspiraciones de dos regiones", pero después de ese tiempo "los problemas con esas regiones están más vivos que nunca" y, además, "hemos creado 17 comunidades autónomas" que han multiplicado el gasto y "complicado la prestación de servicios esenciales".
Así, la popular admitía que "hay cosas buenas en el estado autonómico", pero ha asegurado que sus efectos perversos "son evidentes" y que "España necesita un Estado fuerte y eficaz que se ocupe de las materias que le son propias" y, al contrario de lo que ocurre actualmente, "no entre en las que son propias de los ciudadanos".
En este sentido, la presidenta madrileña ha insistido en su propuesta de devolver las competencias en materia de Justicia a la administración central, unas competencias que suponen actualmente un gasto de 50 millones de euros.
Un discurso muy político
Esperanza Aguirre ha aprovechado su tiempo para realizar un discurso muy político y de un profundo calado ideológico. Durante buena parte de la hora y media en la que ha estado en la tribuna ha cargado contra la política socialista y contra muchos de los mitos de la izquierda.
Así, en uno de los mejores momentos de la intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra la supuesta superioridad moral de la izquierda, y lo ha hecho con dureza: "¿Dónde está la superioridad moral del que ha gastado a manos llenas el dinero del contribuyente, de sus hijos y de sus nietos; de dejar una deuda pública que se ha duplicado; de haber dejado a uno de cada dos jóvenes sin trabajo?".
Un poco después ha hecho un defensa del estado del bienestar, pero muy lejos de lo que suelen decir sus defensores habituales: "La demagogia – ha asegurado Aguirre – es el peor enemigo del estado del bienestar". Según ella "quienes lo han puesto en peligro son los que han malgastado en servicios innecesarios o inversiones superficiales". En este punto ha recordado, como gran ejemplo de estos derroches, "el error mayúsculo que fue el Plan E que dilapidó 13.000 millones en obras absurdas".
Los límites del Estado
La presidenta ha señalado también que "la violencia de la crisis" debería "hacernos reflexionar sobre los límites del Estado". Un estado que "ahora vemos que es inviable" y que debe velar "para que haya igualdad de oportunidades para todos" y otra muy diferente "que se arrogue en exclusivas responsabilidades que nunca debieron salir del ámbito de las personas".
Con los reproches de Gregorio Gordo de fondo, Aguirre ha distinguido entre "igualdad de oportunidades" e "igualdad a secas" porque, tal y como ha dicho señalando a los grupos de izquierdas "su igualdad a secas suele convertirse en una igualdad sin oportunidades".
La popular ha asegurado que el único camino "para salir de la crisis" es que "los ciudadanos recuperen el sentido de responsabilidad sobre cosas que muchos habían dejado en manos del estado" y que las administraciones públicas deben devolver el protagonismo a esos mismos ciudadanos: "Bajar impuestos y favorecer un marco para que la iniciativa privada pueda desarrollarse".
Esta fase más ideológica del discurso ha terminado con una nueva referencia a las bancadas de PSOE e IU: "Me asombra que haya en esta cámara políticos que preconizan políticas socialistas", ha dicho, unas políticas que "en tiempos de bonanza son poco eficaces, pero en tiempos de crisis son letales".