La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados fraudulentamente por la Junta de Andalucía y las ayudas a empresas, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 490.324.096,82 euros al ex viceconsejero de Empleo de la Junta Agustín Barberá, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de 624 millones.
Barberá se negó a declarar ante la Comisión de Investigación a finales del mes de agosto como también hicieron el ex director general Juan Márquez y su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera.
En un auto dictado el pasado día 31 de julio, la juez Alaya impone además una fianza civil de 173.941.928,06 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, para quien la fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de 205 millones, y de 7.282.653,31 euros a su sucesor en este cargo, Daniel Alberto Rivera, para quien la Fiscalía solicitó el pago de 57 millones de euros. 671,5 millones en total que tienen como finalidad hacer frente a las diferentes responsabilidades económicas a las que hubiera lugar.
En el auto, la juez dice que "resulta evidente" que las medidas cautelares adoptadas "tienen una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta de Andalucía".
Según el auto, a la hora de establecer las fianzas, "sólo se han tomado en consideración las ayudas sociolaborales y directas que se han concedido en el periodo en que cada uno ejerció su cargo, sin tomar en consideración a los solos efectos de tales medidas los pagos de subvenciones anteriores".
Habrá embargos si no depositan fianza
En el caso de Barberá, la juez dice que las ayudas que, "con indiciario conocimiento de la total ausencia de procedimiento", fueron concedidas en su periodo como ex viceconsejero, ascienden a 367.743.072,62 euros, a lo que suma el tercio legal previsto, fijando por tanto la fianza civil en 490,3 millones.
En el caso de Juan Márquez, el importe de las ayudas concedidas "siendo sabedor de la misma ausencia de procedimiento" asciende a 130.456.446,05 euros, por lo que teniendo en cuenta el tercio legal referido la fianza se fija en 173,9 millones.
Respecto a Rivera, la juez señala que las ayudas concedidas suman 5.461.989,98 euros, aunque afirma desconocer si en los tres primeros meses de 2011 los pagos que se realizaron fueron de ayudas anteriores o de nuevas ayudas". Sumando el tercio previsto, la fianza es de 7,2 millones.
En el auto, la juez advierte de que, en caso de que los tres imputados no depositen la fianza exigida en el plazo previsto, se ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades. Los tres ex altos cargos comparecieron ante la juez instructora el pasado mes de julio, tras lo que fueron puestos en libertad con cargos.