En una providencia notificada este sábado, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, tras visionar los vídeos de la rueda de prensa sobre la detención de los grapo que secuestraron a Publio Cordón, dice que no puede continuar con las diligencias y pregunta al fiscal qué debe hacer ahora con las pesquisas sobre la posible revelación de secretos.
El juez, que el pasado martes pidió a las televisiones vídeos con la intervención, por si en ella se pudo incurrir en un delito de revelación de secretos, da traslado al fiscal de esta providencia, de la que han informado a Efe fuentes jurídicas. Le pregunta sobre la procedencia de: inhibirse en los juzgados ordinarios de Madrid, - que investigan delitos de revelación de secretos-; elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS), -órgano con competencia para investigar al ministro al ser aforado-, o archivar la causa al considerar que los hechos no son constitutivos de delito.
El juez también quiere que el fiscal le informe de si ve necesario practicar alguna otra diligencia antes de adoptar una de las otras tres decisiones.
Por otra parte, el magistrado deja sin efecto, al estimar que no es necesario, el requerimiento solicitado al director de la Guardia Civil y a su jefe de información a los que había pedido que identificasen "quiénes le dieron la información" sobre la investigación para determinar si "indiciariamente se ha cometido" el delito de revelación de secretos.
También deja sin efecto el apartado en el que requería a seis televisiones las imágenes de la citada rueda de presa, una que ha recibido y visionado las grabaciones de tres de ellas.
Gómez Bermúdez adopta esta decisión al considerar que no puede ir más allá porque no es competente ni para investigar un delito de revelación de secretos ni para investigar a un aforado como es en este caso el ministro del Interior.
En la rueda de prensa, Fernández Díaz dio cuenta de diversos datos relacionados con el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón después de que la Guardia Civil detuviera a cuatro miembros de los GRAPO.
En su comparecencia, Fernández Díaz dio por esclarecido el caso tras conocerse que Cordón falleció en un piso de Lyon (Francia) tras quince de días de cautiverio al intentar huir por una ventana después de haber estado encerrado en un "armario zulo cerrado con una cadena" de la segunda planta de la vivienda.
Dos días después de esa comparecencia, el juez abrió una investigación por un posible delito de revelación de secretos por la publicación en los medios de comunicación de diversos datos del caso y que aparecían en el sumario de una comisión rogatoria internacional que era secreta.