A raíz de la repentina alza en el precio del crudo decretado por la OPEP en el otoño de 1973, los países de Occidente aplicaron medidas de ahorro para aminorar en lo posible la onerosa factura del petróleo. En España vivía todavía Franco y el Gobierno de Arias Navarro, pensando que aquello era pasajero, decidió "comerse" la subida para que los españoles no la sintiesen en sus bolsillos. Otros países, grandes consumidores como Alemania o Estados Unidos aplicaron medidas radicales. En Alemania, por ejemplo, se prohibió circular los domingos, Suecia racionó la gasolina y el combustible de calefacción mediante unas cartillas parecidas a las de la posguerra.
Pero fue el Gobierno de Estados Unidos, presidido entonces por Richard Nixon, quien más en serio se tomó lo del ahorro forzado. Para empezar, creyendo que a aquello se le podía poner coto mediante la ley, fijó un severo control de precios sobre el llamado "petróleo antiguo" (el ya descubierto), al tiempo que permitía precio libre en el "petróleo nuevo". El control generó, como ya habían advertido algunos economistas, escasez inmediata. Entonces el Gobierno, en lugar de retirar el control, desató una nueva ola de intervencionismo.
Las restricciones de Nixon
Limitó la velocidad en las autopistas a 55 millas por hora (87 km/h) y diseñó un complejo calendario de suministro para las gasolineras. Los propietarios de vehículos con matrículas impares sólo podían repostar los días impares del mes, los que tenían una matrícula par lo podían hacer los días pares. El último día de mes podía repostar todo el mundo a excepción de los meses que tenían 31 días. El lío fue tan grande que durante dos años echar gasolina en Estados Unidos se convirtió en una odisea.
Todas las medidas se demostraron inútiles. Al final el ahorro, cuando lo hubo, fue tan insignificante que no compensaba las molestias y los costes de oportunidad que la legislación había creado. En la siguiente crisis petrolera, que llegó en 1979, no se volvieron a aplicar aunque la limitación de velocidad se mantuvo hasta que, en 1995, fue transferida a los estados.
Han pasado casi cuarenta años y estamos en las mismas. El petróleo se ha puesto por las nubes, aunque no lo ha hecho repentinamente, sino poco a poco a lo largo de la pasada década. El precio del barril se ha triplicado en diez años mientras que en 1973 se cuadruplicó en unas semanas. Sólo en un día, el 16 de octubre, subió de golpe un 70%. Al poco se le sumó un embargo decretado por los países productores a países considerados hostiles. La dependencia del petróleo era, además, mucho mayor que hoy en día. Apenas había energías alternativas y los automóviles consumían mucho más que ahora.
De la crisis se salió cuando el barril empezó a bajar en los años ochenta. Para entonces la dependencia había disminuido. Se habían instalado cientos de centrales nucleares y los motores habían mejorado su eficiencia.
Zapatero y el ahorro inducido
Zapatero parece no saber absolutamente nada de lo que se hizo entonces y que no funcionó. Ha tomado el camino de la intervención, como en el pasado hicieron Nixon o Arias Navarro, cuando limitó la velocidad de circulación en las autopistas españolas a 120 km/h. El paquete de medidas de Zapatero, al menos por ahora, se centra en tres áreas en las que quiere impulsar un ahorro forzoso.
La primera es la de limitar la velocidad a 110 km/h. Mucho se ha escrito en los últimos días sobre esta prohibición. Podría ser que el ahorro sea tan pequeño que no compense ni siquiera las pegatinas que tendrán que ponerse sobre las señales. El coste de estas últimas será de 250.000 euros y tendrán que ser retiradas cuando la restricción se levante. Eso en el caso de que se levante. Los 120 km/h actuales fueron temporales y ahí se han quedado durante 40 años... hasta que una nueva crisis del petróleo los ha recortado.
Los expertos no terminan de ponerse de acuerdo en unos números que, por otro lado, son muy complicados hacer, pero todo parece indicar que, de ahorrarse algo, no superaría el 1% del petróleo que se importa. Una cantidad a todas luces injustificada para una medida tan drástica e impopular.
Como el consumo no sólo depende de la velocidad sino de muchos más factores, el Gobierno ha abierto, como hizo Nixon en el 73, una nueva ronda de intervenciones que vienen a tapar los agujeros de la primera. Una de ellas es la del plan renove de neumáticos. Para ello el ministro Sebastián se ha reunido con las Comunidades Autónomas y ha parido un proyecto de recambio de hasta 240.000 neumáticos, se entiende que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a los de las Autonomías que, a efectos prácticos, viene a dar lo mismo.
Según el Gobierno, con esta medida se ahorrarían 0,3 litros por cada cien kilómetros si se sustituyen unos neumáticos viejos por otros de alta eficiencia. Cambiar los neumáticos no se sabe aún cuánto va a costar porque el ministro no ha dado más detalles. Lo que sí se sabe es que va a suponer un gasto. La pregunta es saber si ese dinero del contribuyente empleado en cambiar neumáticos compensará el ahorro de los 0,3 litros que prevé el ministerio.
La tercera idea de ahorro energético del Gobierno tiene que ver con la iluminación. Para esto se ha reunido con los representantes de los municipios. El plan consiste en cambiar las luminarias de nuestras calles y carreteras por otras de bajo consumo. El tipo de iluminación que menos consume es la LED (Light Emitting Diode), unas lamparitas de pequeño tamaño muy utilizadas en la industria de la electrónica. Las bombillas LED consumen hasta 10 veces menos que las de incandescencia ofreciendo idéntica luminosidad. Son, además, mucho más duraderas. Un diodo LED dura unas 50.000 horas o, lo que es lo mismo, seis años encendido las 24 horas.
Las ventajas de los LED están a la vista, pero aún son muy caros. Una bombilla LED cuesta en torno a los 20 euros mientras que una de incandescencia cuesta unos 2 euros y una fluorescente compacta unos 10 euros. Según cálculos hechos por el diario El Economista cambiar todas las farolas de España costaría 2.100 millones de euros. Así que, de ahorro nada, al menos inmediato. Según la estimación de El Economista la indudable eficiencia de los LED permitiría que se recuperase la inversión en seis o siete años. Es decir, que hasta 2017 no se apreciaría ahorro alguno. A este cálculo habría que sumar la vida útil no utilizada de las lámparas que se han sustituido y que tendrían que tirarse. El coste, por lo tanto, sería algo mayor.