El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró ayer dispuesto a ceder más transferencias y "autogobierno" al País Vasco a cambio de salvar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, gracias al apoyo parlamentario de los nacionalistas (PNV).
Tras el rechazo explícito de CiU a aprobar los Presupuestos, los peneuvistas se han convertido, de facto, casi en la única baza con la que cuenta Zapatero para evitar el adelanto de elecciones generales, garantizando así su permanencia en el cargo hasta 2012. Y es que, la prórroga de los PGE obligaría a convocar elecciones anticipadas, ya que las cuentas públicas de 2010 son improrrogables en el actual contexto de crisis de deuda pública.
Así, el PNV se encuentra ante una oportunidad histórica para negociar con el Gobierno la transferencia de nuevas competencias autonómicas que, en este caso, se centran, sobre todo, en materias socioeconómicas. La negociación presupuestaria entre el Gobierno y el PNV ya ha dado comienzo. La cuestión clave es, ahora, dilucidar qué se entiende por más autogobierno.
En este sentido, el PNV ya ha mostrado abiertamente sus cartas. El Grupo Vasco, de EAJ-PNV, presentó 15 iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados tras el Debate del Estado de la Nación, el pasado julio.
El PNV, socio preferente
Entre ellas, las siguientes: la transferencia de Inspección de Trabajo, la Formación Profesional ocupacional y continua, el Instituto Social de la Marina, la gestión económica del régimen de la Seguridad Social, las políticas activas y pasivas de empleo, el Fondo de Garantía Salarial o las competencias de Crédito, Banca y Seguros.
El propio presidente de la formación, Íñigo Urkullu, recordaba recientemente al Gobierno que tales demandas, amparadas bajo el cumplimiento del Estatuto de Gernika, constituyen la base sobre la que negociar la aprobación de los PGE para 2011. Entre las exigencias presentadas destacan, sobre todo, dos: la transferencia de la "gestión económica del régimen de la Seguridad Social" y de las "políticas activas y pasivas de empleo".
Pero, ¿en qué se traduciría dicha cesión? Básicamente, en la ruptura de la caja única de la Seguridad Social o, al menos, en el inicio del proceso de la misma. Son varios los estatutos de autonomía que recogen la posibilidad de gestionar el régimen económico de la Seguridad Social, es decir, el dinero procedente de las cotizaciones sociales que pagan todos los trabajadores para obtener derecho al cobro de prestaciones públicas tales como pensiones o paro.
Más autogobierno
En concreto, si bien la Constitución establece en su artículo 149.1.17 la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, al mismo tiempo, permite la "ejecución" de sus servicios por parte de las Comunidades Autónomas. De este modo, el texto constitucional trata de garantizar la caja única por la cual se contabilizan de forma homogénea y uniforme tales partidas.
En función de este precepto, los estatutos del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra asumen el "desarrollo legislativo de las bases dictadas por el Estado" así como la "gestión del régimen económico de la Seguridad Social". Sin embargo, existe una diferencia fundamental: tanto el País Vasco como Navarra se rigen por el régimen foral, en base a "conciertos" o "convenios" económicos que nada tienen que ver con el régimen general de financiación propio del resto de autonomías.
Y es aquí donde reside la clave. Los nacionalistas vascos aspiran a gestionar las cotizaciones sociales en base a su concierto económico lo cual, en la práctica, rompería la unidad contable del sistema. De hecho, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) en el Parlamento vasco, Óscar Rodríguez, criticó la postura del PNV, ya que quiere "romper la caja única" mediante la transferencia de las políticas de empleo y Seguridad Social.
"A grosso modo", la "diferencia" radica en que "su propuesta rompería la caja única de la Seguridad Social", que "es un poco lo que nos iguala a melillenses, vascos, catalanes y extremeños". Ante esta perspectiva, Rodríguez recordó que el Tribunal Constitucional "ya ha sentenciado en varias ocasiones que eso no sería posible".
La "diferencia" vasca
Es por esta razón, precisamente, por la que los distintos gobiernos centrales (tanto populares como socialistas) han venido denegando reiteradamente esta transferencia al País Vasco durante los últimos años. El País Vasco es la única comunidad autónoma que todavía no dispone de la transferencia de las políticas activas de empleo.
La "diferencia" a la que alude Rodríguez radica en que la Administración vasca se regula de forma específica mediante el Concierto Económico y, por lo tanto, la aplicación del correspondiente cupo, que establece la cuantía a pagar por el País Vasco por las competencias no asumidas que ejerce el Estado en esa comunidad.
Según el PNV, tan sólo la transferencia de las políticas activas de empleo supondría un ingreso próximo a los 480 millones de euros anuales para el Gobierno vasco. De hecho, según un estudio elaborado por el anterior Ejecutivo vasco (PNV), esta comunidad duplicaría su presupuesto tan sólo con la transferencia del "régimen económico de la Seguridad Social".
Es más. El pleno del Parlamento Vasco rechazó el pasado mayo una iniciativa del PSE-EE y del PP en favor del mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social. Populares y socialistas llegaron a un acuerdo sobre un texto transaccionado en el que se defendía la necesidad del mantenimiento de la caja única como principio de solidaridad interterritorial.
Un "modelo independiente"
El PNV solicitó entonces la transferencia de las competencias sobre Seguridad Social que recoge el Estatuto de Gernika, aunque también fue rechazada por PP y PSE. Si bien los nacionalistas negaron que demandaran un sistema independiente de Seguridad Social, su voto en contra del mantenimiento de la caja única delata las intenciones no declaradas de los peneuvistas.
Cosa distinta sucede con Eusko Alkartasuna (EA) y Na-Bai (socios del PNV en Navarra). Ambas formaciones defienden, de forma explícita, dinamitar el actual modelo estatal de paro y pensiones públicas al coincidir en que la "caja única" perjudica a los vascos. Tal y como señaló durante esa sesión Esther Martínez (PP), la "ensoñación del mundo nacionalista" es configurar un "modelo independiente" de Seguridad Social, por el que el Gobierno vasco recaude y gestione directamente las cotizaciones sociales (pensiones y paro).
En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, recordó ayer al Gobierno que el apoyo de su formación a los PGE dependerá de la transferencia de estas materias. Los socialistas "tienen una cuenta pendiente histórica que tiene que ver con el autogobierno vasco, pendiente de desarrollo durante 30 años", advirtió. Así pues, ¿romperá Zapatero la caja única de las pensiones y el paro?