El 12 de mayo del pasado año, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó la oportunidad que le brindaba su comparecencia en el Debate sobre el Estado de la Nación para lanzar una serie de promesas a las familias y las empresas. El objetivo era convencer a los ciudadanos de que el Ejecutivo iba a ayudar al sector privado a hacer frente a la recesión económica, anunciando un paquete de medidas que serían recogidas en futuras reformas legislativas. Un proyecto lleno de trampas.
Sin embargo, como en otras ocasiones, cuando se acude a los proyectos normativos se descubre la cruda realidad: Zapatero realiza promesas que no cumple. En los últimos tiempos, los "conejos que saca de la chistera" el presidente han sido criticados incluso por publicaciones extranjeras, como The Economist. En este caso la estafa afecta a los trabajadores que no se desplazan en sus vehículos propios para acudir a sus puestos de trabajo.
En concreto, anunció que los empleados tendrían un "trato fiscal favorable" en el uso de "los cheques y el abono transporte". Esto se podría realizar de dos formas, o bien reduciendo la carga impositiva sobre el precio final del transporte, o permitiendo a los trabajadores desgravarse una parte del coste a la hora de hacer la declaración de la renta.
Casi un año después, el Gobierno ya ha puesto esta medida por escrito, pero se ha asegurado de que la promesa de Zapatero se quede en agua de borrajas. El Ministerio de Economía y Hacienda ha aprovechado sus decretos de medidas anti-crisis elaborado en el Palacio de Zurbano y los ha disfrazado de Pacto de Estado. El PP, pese a las protestas, los ha apoyado en el Congreso de los Diputados.
En concreto, el departamento que dirige Elena Salgado ha modificado la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta, incluyendo un nuevo apartado en su artículo 24. A partir de ahora (con efectos retroactivos al 1 de enero de 2010) se consideran "rentas en especie" deducibles las "cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con un límite de 1.500 euros anuales para cada trabajador".
Esto supone que el gasto del abono-transporte sólo podrá deducírselo un empleado cuando su empresa se lo pague y se lo impute como "renta en especie", algo que la mayoría de las compañías no harán porque este tipo de rentas computan a la hora de calcular la indemnización por despido.
De esta forma, la empresa tiene dos opciones: o paga al trabajador el transporte como parte de su sueldo antiguo (y no podría desgravarse el gasto el empleado), o lo abona mediante un aumento de sueldo "en especie", elevando los costes laborales. ¿Qué opción creen ustedes que elegirán las compañías?
Además el criterio de "favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo" introduce inseguridad jurídica, ya que no existe forma de demostrar que el citado abono-transporte se utilice siempre para este fin, al tratarse de una especie de tarifa plana para viajar por la ciudad en tren, metro o autobús.
Por último, al poner un límite de 1.500 euros, no todas las empresas que tengan servicios privados de transporte contratados podrán reducir su factura fiscal, porque si se sobrepasa este límite no podrán deducirse las cantidades abonadas. Este factor es especialmente importante en los casos de compañías cuyos empleados viven en zonas rurales donde existe mucha dispersión geográfica. Un ejemplo de este caso sería el de compañías mineras.