Esta cláusula, en realidad, ya está en vigor, pero es de difícil aplicar porque debe ser pactada en una comisión paritaria con los sindicatos, que tienen muchas posibilidades de vetarla. La novedad es que se activa un mecanismo para resolver los conflictos que las citadas comisiones sean incapaces de desencallar.
Según El Mundo, Moncloa estaría pensando en un organismo externo a la empresa y probablemente dependiente de la Administración, que decidiría sobre cuáles deben ser las condiciones salariales o de trabajo de la empresa cuando no sea posible un acuerdo enter el empresario y los representantes de los trabajadores a la hora de aplicar el convenio colectivo sectorial o nacional.
De ser así, se trataría de una reformulación del artículo 41 de la Ley el Estatuto de los Trabajadores que, de facto, implicaría una reforma de la negociación colectiva sin la intervención directa de los agentes sociales. En el pasado mes de febrero, los agentes pactaron que en seis meses resolverían este punto concreto al margen del Ejecutivo.
El diario señala que según la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos obligan tanto a empresarios y trabajadores. Y son asimismo los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa los que establecen las excepciones a su cumplimiento. Esto significa que rigen las condiciones y procedimientos por los que pueden dejarse de aplicar los salarios o las condiciones laborales del convenio porque hacerlo dañaría la estabilidad de la empresa.
La posibilidad que tiene una empresa en crisis de no cumplir un convenio de esta naturaleza por su cuenta, para evitar un empeoramiento de su situación, es denominada cláusula de descuelgue. Para ser aplicada, se necesita del acuerdo entre el empresario y los sindicatos de esa empresa. Y si no se logra, entonces se encomienda la discusión a la comisión paritaria de la empresa.
Por la composición de estas comisiones paritarias, el procedimiento que ahora funciona deja en poder de los sindicatos la decisión última. La medida que está siendo estudiada por el Gobierno pretende que esto cambie. El Ejecutivo parte de la situación de que el sistema de convenios colectivos es muy rígido, y que no se acomoda a las circunstancias concretas de las empresas.
Pero aún hay más: hay otra medida solicitada por los empresarios que el Gobierno todavía se muestra reacio a aceptar. Es la rebaja de las cotizaciones sociales, que Economía quiere mantener en sus términos actuales.
Otra medida en discusión de la reforma es la redefinición de las causas de despido objetivo, de modo que se modifique la tendencia de los juzgados de lo social a pronunciarse en un porcentaje altísimo a favor del operario y se venza la resistencia a dictaminar un despido improcedente que.
Es poco probable, dice El Mundo, que patronal, sindicatos y Gobierno lleguen a un acuerdo de reformar el mercado.CC.OO. aseguró que ya trabajaba para poner en marcha una huelga general, puesto que ésta “parece inevitable”. Por tanto, estas medidas, incluida la modificación de la cláusula de descuelgue, con la creación de un mecanismo que actúe como árbirto entre empresa y sindicatos, podrían aplicarse por decreto.
Son diez días decisivos para el Gobierno, los que quedan para la fecha límite. El Eurogrupo y el Ecofin examinarán el lunes el plan de ajuste de Zapatero y el martes, los sindicatos celebrarán la huelga de funcionarios en una protesta que, además de erigirse en el primer toque de atención al Ejecutivo, constituirá un examen a la capacidad de convocatoria de las centrales sindicales y calibrará el grado de enfado de los trabajadores, expone el diario.
Si la última reunión para desbloquear el diálogo fracasa, el Gobierno ha anunciado que hará público el Decreto de la Reforma el 16 de junio, un día antes de acudir a una convocatoria del Consejo Europeo .