Pues bien, el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "contiene errores" según señala el Gobierno en un nuevo texto publicado por el organismo este martes. Resulta que el Gobierno dice ahora que se ha equivocado en las fechas y que, en realidad, lo que pretendía señalar era que la norma entraría en vigor el uno de enero de 2011.
Así, a partir del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.
Es decir, los ayuntamientos podrán endeudarse a largo plazo durante siete meses más, lo que supone un cambio significativo respecto al contenido original del decreto antidéficit publicado ayer en el BOE, que establecía que esta prohibición entraría en vigor este mismo martes.
El decreto establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.
Asimismo, la norma dicta que tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiera, el plazo de amortización o ambas cosas.
El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
El decreto antidéficit establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011. Dichos destinos pasan en primer lugar por sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones, según consta en la norma.
La deuda bancaria se ha convertido en un recurso común y muy fácil al que se estan acogiendo los consistorios ante el altísimo nivel de gasto. Al cierre del pasado año acumulaban una deuda de 34.594 millones de euros, un 9% más que en 2008. Una quinta parte corresponde sólo al ayuntamiento de Madrid.
Zapatero cede a las presiones
Tras conocerse que el Gobierno iba a prohibir desde este martes hasta 2012 que los ayuntamientos pudieran pedir créditos, varios municipios y dirigentes políticos cargaron contra la decisión del Ejecutivo.
Una de las más críticas fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que calificó de "burrada" prohibir a los ayuntamientos endeudarse porque pondría en riesgo los servicios que prestan las corporaciones locales, según informa Europa Press.
Por su parte, el alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, reprochó al Gobierno que practique el "café para todos" al prohibir que los consistorios se endeuden.
Desde el PP, su coordinador de Política Autonómica y Local, Juan Manuel Moreno, rechazó la medida y acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de generar "una enorme alarma" y de llevar a la "bancarrota" al conjunto de las corporaciones locales.