El ministro de Trabajo, el sindicalista Valeriano Gómez, considera que hay que aclarar en qué circunstancias se puede utilizar la previsión de pérdidas para el despido objetivo y afirma que en la reforma de pensiones la propuesta del Gobierno de elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación es "abierta".
En una entrevista publicada en el diario El País, el nuevo ministro de Trabajo afirma que en la reforma laboral no cabe la rectificación tal y como piden los sindicatos, sino la corrección de aquellos aspectos en los que haya acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales.
Según explica, en lo que se traduciría esta negociación sería en un desarrollo "adecuado" de algunas materias y pone como ejemplo las causas objetivas de despido.
"Ahí se introduce un término polémico: la previsión de pérdidas", advierte Gómez, quien indica que "hay que ver si el desarrollo legislativo permite aclarar en qué circunstancias se puede interpretar" para "mejorar la capacidad interpretativa" de los jueces.
Sobre el paro, Gómez dice que "a mediados" de 2011 se volverán a generar puestos de trabajo, lo que permitirá que 2012 sea un año de creación de empleo a "ritmos muy visibles"
En cuanto a la futura reforma de las pensiones, que se debate en la comisión parlamentaria (del Pacto de Toledo) del Congreso de los Diputados, Gómez afirma que para el Gobierno no es irrenunciable el que se eleve en dos años (hasta los 67) la edad de jubilación.
Esa es la opción del Gobierno, recuerda el ministro, quien, sin embargo, precisa que cuando el Ejecutivo dialoga "lo hace desde una posición abierta" que implica no renunciar a negociar. Al respecto, destaca que la reforma de las pensiones no será por decreto.
Preguntado si su misión principal va a ser tender puentes con los sindicatos tras la huelga general que CCOO y UGT convocaron el 29 de septiembre contra la reforma laboral, responde que el Gobierno tiene que mirar a "ambos lados", en referencia a que la otra pata de la negociación son los empresarios.
A ambos les advierte que, tras dos años de diálogo social sin acuerdos, tienen que "reflexionar" y "deben" tratar de influir en la acción del Ejecutivo, pero sin "paralizar" su acción de gobierno.