La Cámara Baja convalidará previsiblemente la norma este martes, si bien el PSOE no ha logrado aún el apoyo explícito por parte de ninguna de las formaciones de la oposición y confía en recibir al menos una "abstención crítica" por parte de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria y UPN, frente al voto en contra de las minorías de la izquierda parlamentaria y UPyD.
En cualquier caso, los socialistas siguen a la espera de que los populares y la federación catalana confirmen el sentido de su voto, algo que estas dos formaciones quieren retrasar hasta inmediatamente antes del debate para apurar el margen de negociación con el Gobierno.
Mientras que ERC, pese a las negociaciones mantenidas con Corbacho en las últimas dos semanas, no contempla votar a favor de la norma y se debate entre la abstención y sumarse al rechazo de sus compañeros de grupos parlamentario, IU e ICV, así como de las formaciones adscritas al Grupo Mixto de la Cámara Baja, BNG, Nafarroa Bai y UPyD.
En este sentido, el secretario general de ERC, Joan Ridao, reclamó garantías de que se "equilibrará" el decreto antes de hoy por la tarde a cambio de que la formación republicana pase de votar 'no' a abstenerse en el Congreso.
Salvado el trámite de convalidación, la previsión del Grupo Socialista es aprovechar el mes de julio para acelerar al máximo el proceso, una idea que PP, CiU y PNV están dispuestos a facilitar, con lo que se sumaría la mayoría de votos suficiente en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja para diseñar el calendario extraordinario para la Comisión de Trabajo e Inmigración.
La previsión que se maneja en el Congreso es que la primera fase del debate, en Ponencia y Comisión, se prolongue hasta finales de julio, ya que entre medias se celebrará el Debate sobre el estado de la Nación, con un Pleno extraordinario a finales de mes para debatir las enmiendas a la norma, que pasaría a continuación a debatirse en el Senado a lo largo de agosto.
Los socialistas confían en lograr un acuerdo que impida cambios sustanciales en el decreto, que ya ha entrado en vigor, a cambio de aceptar modificaciones en aspectos que no quedan explicitados en la norma original, como las condiciones que permiten a las empresas acogerse al despido de 20 días por indemnización y diversos aspectos relativos a la flexibilización de la negociación colectiva.
Sin embargo, los grupos no renuncian a entrar más en profundidad en otros aspectos de la norma, en especial el PP, cuyo equipo económico, que lidera Cristóbal Montoro, ha estado examinado exhaustivamente en los últimos días para presentar una alternativa en materias relacionadas también en materia de temporalidad y bonificaciones.
Estas últimas suponen la mayor parte (471 millones de euros) de los 740,5 millones de euros que tendrá la reforma, según las estimaciones del Gobierno, a las que tuvo acceso Europa Press. La reforma propiciará la firma de 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos, de los que el 1,33 millones, el 56%, corresponderán a la modalidad de fomento de la contratación indefinida con 33 días por indemnización en 2010 y 2011.
En esos dos años, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonará 123,62 millones correspondiente al pago de ocho días de indemnización por despido en todos los contratos indefinidos que se extingan, que ascenderían a 179.145 despidos.