Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede sentar un importante precedente. Aunque sólo se refiere al caso concreto de la localidad de Castilleja de Guzmán, muchas empresas a las que los ayuntamientos deben dinero pueden tomar nota.
Según informa El Economista, el auto del TSJA emitido el pasado mes de julio establece "multas coercitivas" sobre los "patrimonios personales" en caso de que los alcaldes no cumplan con los pagos que se adeuden a las empresas privadas.
En este sentido, el tribunal ha establecido un plazo de 30 días para que el consistorio andaluz salde la deuda contraída con la empresa de construcción Aroa SL. Por ello, de "no cumplir con las obligaciones estipuladas" con dicha empresa, el regidor, el socialista Carmelo Ceba así como el secretario general, tendrán que responder con su patrimonio personal.