(Libertad Digital) Estas declaraciones las ha hecho Trujillo a los periodistas tras la inauguración de las cuartas Jornadas de Vivienda que organiza la Escuela de Finanzas Aplicadas. Según la ministra, una persona "necesita como mínimo" 30 metros cuadrados para vivir. Por esta razón ha recordado que muchas comunidades autónomas permiten la existencia de pisos de 20 metros cuadrados y que hay algunas que rebajan esa superficie hasta los 15 metros cuadrados, algo que ha calificado de "realidad sangrante".
No obstante, la ministra no ha mencionado si en esa definición de "sangrante" también engloba aquella iniciativa que soprendió a propios y extraños para dedicar 530.000 euros a estudiar un proyecto para crear "soluciones habitacionales imaginativas" de 25 metros cuadrados para "las estructuras familiares del siglo XXI". Este anuncio lo hizo Trujillo en Abril de 2005, unas fechas desafortunadas ya que se publicaba que la ministra se había gastado 37.000 euros en ampliar y redecorar su despacho que tenía nada menos que 77 metros cuadrados.
En su intervención de este jueves, Trujillo también ha hecho referencia a la Ley el Suelo para asegurar que "no cabe ningún tipo de retroactividad" en su entrada en vigor, que se producirá el próximo 1 de julio. De esta manera, la titular de vivienda, ha tratado de cerrar la posibilidad de que los expedientes de expropiación no resueltos puedan beneficiarse del nuevo régimen de valoración del suelo, tal y como habían reclamado algunos promotores.
Precisamente, en febrero de 2007 el grupo de consultoría Deloitte, presentó en un foro de especialistas y profesionales inmobiliarios un análisis sobre esta nueva Ley del Suelo. Entre las conclusiones que destacaron llamaba la atención que consideraban que esta Ley provocaría "un abaratamiento brutal de las expropiaciones" y que esta nueva norma entregaría el negocio inmobiliario a la Administración. Los especialistas de Deloitte, en este foro que organizaron junto al Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), también recomendaron a los profesionales del sector inmobiliario que a partir de ahora procurasen llevarse bien con los ayuntamientos y comunidades para que les dejasen gestionar suelo público.