LD (Agencias) La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, ha señalado este lunes que la decisión de nacionalizar la filial venezolana del Banco Santander por parte del presidente de este país, Hugo Chávez, es "legítima" y aseguró que el papel del Gobierno español será acompañar, "si así lo quieren las partes", en el proceso y defender los intereses económicos de las empresas.
Una opinión que contrastan con las declaraciones efectuadas por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía español, Pedro Solbes. Durante su intervención en el Foro Nueva Economía afirmó que "no parece que los argumentos para la nacionalización en Venezuela sean justificativos", y recordó que el gobierno del ex golpista venezolano ha llevado a cabo muchos cambios de posición en los últimos meses.
En una entrevista a TVE recogida por Europa Press, Jiménez aseguró que no hay por qué preocuparse por la decisión que ha tomado Hugo Chávez y reconoció que es un acto "legítimo" de cualquier Gobierno. "Lo que tiene que haber siempre por medio es un precio y un acuerdo y en ese entendido están todavía el Banco Santander y el propio Ejecutivo de Venezuela", agregó.
Preguntada sobre la posibilidad de que haya dos izquierdas diferentes en los gobiernos de América Latina, Jiménez desestimó esta idea ya que, a su juicio, "cada uno tiene su propio modelo" y cada día "hay una mayor homogeneidad y capacidad de consensuar acuerdos".
En relación con las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien ha "suavizado" el embargo sobre Cuba, dijo que estos hechos tienen "una enorme trascendencia" porque "es una señal" de que puede haber "algún tipo de diálogo". Asimismo, piensa que el presidente cubano, Raúl Castro, tiene una necesidad de crear un equipo homogéneo para abordar "cualquier tipo de reforma".
Finalmente, la secretaria de Estado para Iberoamérica mostró su preocupación por los datos publicados en una encuesta elaborada por Harris Interactive y publicada por el diario 'Financial Times' donde se indica que siete de cada diez españoles quieren que los inmigrantes desempleados abandonen el país, aunque mencionó que en España hay un sentimiento de acogida "bastante bueno". "Hay episodios bastante aislados y diría que hay un rechazo nulo al inmigrante que está trabajando", concluyó.