LD (Lorenzo Ramírez) El chantaje de los dos sindicatos más subvencionados de España (CCOO y UGT) puede llegar a su fin, después de que el Gobierno admita sin tapujos que en su agenda se incluye la posibilidad de realizar una reforma laboral.
Todos los organismos nacionales e internaciones, incluido el Banco de España, llevan meses poniendo la manifiesto la necesidad de esta reforma en un país que camina inexorablemente a los cinco millones de parados.
De hecho, incluso destacadas figuras socialistas coinciden en esta necesidad. Es el caso de Joaquín Almunia, David Taguas, Jordi Sevilla, Octavio Granado o Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por citar algunos ejemplos.
Hasta este miércoles, todos los miembros del Ejecutivo rechazaban drásticamente estudiar modificaciones en el mercado de trabajo, ya que habían llegado a un acuerdo bajo mesa con los citados sindicatos en el que se comprometían a no introducir reformas a cambio de tener lo que denominan como “paz social”, es decir, que los afiliados y simpatizantes de CCOO y UGT no se enfrentaran al Gobierno en las calles.
Incluso la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se rió de la posibilidad de una reforma laboral en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho plantaba cara a todo aquel que osara cuestionar la estructura actual del mercado laboral.
Pero la llegada de José Manuel Campa a la secretaria de Estado de Economía parece haber cambiado las tornas. Éste economista es uno de los firmantes de un manifiesto de 100 profesionales que reclaman al Gobierno la citada reforma, entre otras herramientas para superar la crisis.
Este cambio quedó patente tras las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que abrió este miércoles la puerta a modificar la normativa laboral. “Algo debemos estar haciendo mal”, reconoció Ocaña.
“El Gobierno no quiere hablar de despidos”
Apenas dos horas después, Elena Salgado, confirmó que el Gobierno está dispuesto a hablar de una reforma laboral, y de impulsar un "amplísimo diálogo social" para conseguirla, pero no quiere, subrayó, "hablar de despido", informa Efe.
"Por parte de algunos se comienza hablando de reforma laboral y se acaba hablando del despido, se comienza hablando de empleo y se termina hablando del despido", dijo la ministra, Además, Salgado aseguró que el Gobierno va a hacer "todo lo posible" para que no se alcance la cifra de cinco millones de parados.
En declaraciones a los periodistas durante su visita a una delegación de Hacienda en Madrid, Salgado reconoció en cualquier caso que el mercado laboral español es "dual", con una "altísima" tasa de temporalidad que está dificultando los procesos de formación.
Una temporalidad que, apuntó, "tiene que reducirse si de verdad queremos desarrollar un nuevo modelo económico en el que la formación y la capacitación de los trabajadores tenga un papel más importante".
El Gobierno, insistió la vicepresidenta segunda, apuesta por un un "amplísimo diálogo social" que contribuya a un esquema del mercado laboral en el que la temporalidad se reduzca.
El intento fallido y el acuerdo con CiU
Aunque esta sea la primera vez que miembros del Gobierno lo admiten con claridad, la intención de adoptar reformas laborales quedó patente en la votación de las resoluciones de las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados.
El PSOE firmó una enmienda pactada con CiU para incluir en el “diálogo social” asuntos como la dualidad del mercado de trabajo entre fijos y temporales, los "problemas" de la negociación colectiva y el papel de las Empresas de Trabajo Temporal en las políticas activas de empleo, tal como avanzó LD.
Esa redacción, que iba votarse en la última jornada del Debate sobre el estado de la Nación, había sido interpretada por los nacionalistas catalanes como una puerta abierta a la reforma laboral, lo que ocasionó que IU-ICV amenazara con retirar su apoyo parlamentario al partido del Gobierno si no rectificaba. También los sindicatos se quejaron ante el PSOE.
La presión fue tal que el PSOE decidió dar marcha atrás y retirar la enmienda. Como explicó el portavoz de CiU en el Congreso, Durán i Lleida, "no hay otra razón que justifique" la actitud del PSOE, que un pacto con CCOO y UGT. Por ello ha acusado al presidente del Gobierno de "ser prisionero de los sindicatos".
CCOO, UGT y la formación de izquierda lograron su objetivo, poniendo de manifiesto quién dirige realmente la política económica. El PSOE, para intentar ocultar la evidencia, culpa a los nacionalistas catalanes de retirar la propuesta de reforma, en lugar de asumir su responsabilidad con los más de 4,1 millones de parados.
Durán aseguró que el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, le pidió disculpas cuando le explicó la retirada de la enmienda, y le aseguró que los socialistas eran los únicos responsables de este cambio.CCOO: Si hay reforma "vamos a la huega general"
Precisamente, el pasado marzo, el secretario general de CCOO Ferández Toxo aseguró que su sindicato "no dudaría" en convocar una huelga general si el Gobierno aprueba medidas que retrocedan las garantías del sistema de protección de los trabajadores o que vayan en favor del abaratamiento del despido.
Así se expresó Fernández Toxo en una entrevista Antena 3 , en la que dijo que la crisis económica no tiene origen laboral y "no se puede resolver con reformas laborales" que pongan en peligro el sistema de protección de la Seguridad Social o de las pensiones.
El sindicato CCOO pidió este miércoles a Zapatero, que aclare si "comparte o desautoriza" las opiniones de algunos miembros de su equipo económico sobre una posible reforma laboral.
El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, indicó que algo no funciona en el Ejecutivo cuando su presidente hace un llamamiento a impulsar el diálogo social, sin la reforma laboral en el orden del día, "mientras alguno de sus miembros sugiere lo contrario".
No obstante, al expresar Salgado su intención de estudiar la reforma laboral en el marco del diálogo social puso de relieve que no se aprobará ninguna medida sin el apoyo sindical. Por lo tanto esta reforma podría ser descafeinada, aunque el hecho de que el Gobierno lo plantee ya es una buena noticia. Habrá que esperar acontecimientos.