Cada vez más economistas van reconociendo que la zona del euro, tal y como la hemos conocido en los últimos diez años, no va a sobrevivir a la crisis actual. Países como Grecia, Portugal, Irlanda y también España no sólo están atravesando una profunda depresión cuya salida se adivina difícil y tortuosa, sino que se han convertido en un foco permanente de preocupaciones e inestabilidades para el conjunto de la Unión Monetaria.
Si pocos fueron quienes supieron anticipar la crisis cuando empezaron a aparecer los primeros síntomas, allá por 2007, menos fueron los que pronosticaron que la adopción precipitada e irreflexiva de la moneda única, toda una historia de éxito según el consenso político-económico imperante, conllevaría consecuencias tan dramáticas como las que hoy estamos viviendo.
Uno de esos pocos economistas que ya advirtió desde un comienzo sobre los riesgos que implicaba para España la integración en la zona euro que no fuera acompañado por un extenso y sólido plan de reforma y flexibilización de nuestra economía fue el presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte.
En un artículo publicado en 1997 y tras un cuidado análisis de las implicaciones que tiene la unión bajo una misma divisa de economías muy heterogéneas que renuncian a su soberanía monetaria y fiscal, Recarte ya preveía que "si las economías que se integran tienen mercados muy rígidos, el conflicto está asegurado si se presentan turbulencias económicas que afecten de forma diferente a los distintos países".
Por este motivo, y basándose en el mismo análisis que ya efectuara hace 13 años, Recarte concluye en un nuevo artículo para Libertad Digital que "la economía española está condenada, salvo una catástrofe política, a hacer las reformas. Y las reformas se harán, aun a costa de un desempleo enorme, de la reducción de las transferencias sociales a partir de 2011, de la desaparición de las inversiones públicas en infraestructuras y de la congelación o disminución nominal de los salarios de la mayoría de los empleados del sector público y del privado".
Parece que este es el rumbo que hoy están empezando a adoptar nuestros políticos, eso sí, con más de una década de retraso, lo que asegura que las consecuencias serán mucho más dolorosas de lo que podrían haber sido.