La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha confirmado la nota de solvencia a largo y corto plazo de España, actualmente situadas en 'AA' y'A-1+' respectivamente, por las reformas estructurales y la consolidación presupuestaria, aunque mantiene la perspectiva 'negativa' del 'rating'.
"Los 'ratings' de España reflejan los beneficios de una economía moderna y relativamente diversificada, así como nuestra opinión respecto a la continuada determinación política del Gobierno para afrontar los desafíos pendientes, como refleja la significativa aceleración desde 2010 de la consolidación presupuestaria y de las reformas estructurales", destaca Marko Mrsnik, analista de crédito de Standard & Poor's.
En este sentido, la agencia destaca que en un clima económico "desfavorable" en 2010, el Gobierno realizó un "sustancial" esfuerzo reformador, incluyendo medidas de consolidación fiscal y una "exhaustiva" batería de reformas estructurales.
Así, considera cumplido el objetivo de déficit del 9,3% en 2010 gracias al paquete de medidas fiscales y destaca que el recorte del mismo ha sido posible por el esfuerzo de la Administración central, que ha contrarrestado los resultados a nivel regional.
De este modo, S&P anticipa que el déficit del Gobierno bajará al 6,3% en 2011, mientras espera un aumento de la deuda pública hasta el 61,6% del PIB en 2011 y el 65% en 2012, desde el 56,2% previsto para 2010.
Por otro lado, la agencia prevé que tras sufrir una contracción del 0,2% del PIB en 2010 la economía española regresará a tasas positivas de crecimiento próximas al 0,7% en 2011 y al 1,5% en 2012, aunque advierte de que la recuperación está sujeta a significativos riesgos a la baja por la combinación del proceso de desapalancamiento del sector privado, las débiles perspectivas de crecimiento, el persistente nivel de elevado desempleo, las tensiones en el sector financiero y una gran deuda externa, que S&P cifra en el 78% del PIB en 2011.
Aplaude las reformas
Por otro lado, S&P destaca que el reciente acuerdo para la reforma de las pensiones supondrá a medio y largo plazo, si se aplica en su integridad, un importante ahorro para la Seguridad Social.
Asimismo, la agencia afirma que, aunque aún es pronto para valorar el impacto de la reforma del mercado laboral, "las medidas adoptadas hasta la fecha suponen un paso en la dirección correcta, aunque se quedan cortas a la hora de realizar una revisión fundamental del mercado laboral".
De este modo, la calificadora de riesgos apunta que las medidas adicionales previstas por el Gobierno para el primer trimestre de 2011 en áreas como la de políticas activas de empleo y negociación colectiva podrían contribuir a reducir en parte las rigideces estructurales que afectan a la demanda de trabajo.
El rating de España seguirá bajo presión
No obstante, el analista de S&P advierte de que los 'ratings' de España "continuarán bajo presión" por el elevado endeudamiento privado, así como por los desafíos a la competitividad de la economía, los persistentes problemas en el mercado laboral y la débil posición financiera neta exterior de la economía.
"Consideramos que estos factores hacen vulnerable a la economía a los cambios repentinos en las condiciones de la financiación procedente del exterior, pudiendo complicar la recuperación económica del país", advierte.
En este sentido, S&P señala que la perspectiva 'negativa' de la nota de España implica la posibilidad de un recorte de la calificación si la posición fiscal del país se desvía materialmente de los objetivos fijados por el Gobierno en 2011 y 2012.
Asimismo, la agencia advierte de que la rebaja en la calificación también podría producirse si la inminente corrección del apalancamiento del sector privado se produce de manera tal que lleve a un ajuste desordenado en el sector privado, provocando un mayor deterioro del balance del Estado o a un menor crecimiento del previsto.
A este respecto, S&P añade el riesgo de que se produzca una rebaja del 'rating' si persisten las vulnerabilidades relacionadas con las condiciones de financiación en el exterior, así como retrasos en la aplicación de las reformas estructurales.