LD (Lorenzo Ramírez) Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda, solbes explicó que España no podía mantenerse al margen de las circunstancias internacionales, la crisis financiera y las tensiones inflacionistas que, a su parecer, generan un "coste ineludible" para la economía española debido a la elevada dependencia energética que "tendremos que pagar todos".
De hecho, adelantó que las tensiones de precios continuarán "algún mes más", lo que permitirá que se produzca algún "incremento adicional" de la inflación en los próximos meses. La inflación española alcanzó en junio el récord del 5% anual, su nivel más alto desde hace 11 años y medio, cuando se empezó a realizar esta medición, en enero de 1997.
Para Solbes, el diagnóstico del Gobierno intenta ser lo "más realista posible" con los últimos datos disponibles, aunque reconoció que las previsiones de la economía española están "muy condicionadas" a la normalización del entorno internacional que, según el vicepresidente económico, debería permitir que la economía volviera a crecer en el entorno de su potencial en el año 2010. Es decir, en el entorno del 3 por ciento.
Por ello, el vicepresidente solicitó a empresarios y sindicatos que, en el marco del diálogo social, acuerden un reparto "equilibrado" de los beneficios empresariales y los costes salariales, para hacer frente a la crisis económica. En su comparecencia, Solbes reclamó a "todos", incluido el sector privado y el conjunto de las Administraciones Públicas, un esfuerzo conjunto para afrontar la "gravedad" de la actual situación económica.
"En la medida en la que cada uno asuma su responsabilidad, evitaremos un deterioro adicional de la economía", dijo el vicepresidente, quien recordó que ayuntamientos y comunidades autónomas gestionan una proporción "creciente" de los recursos públicos.
"Excesos" del sector privado
Además, Solbes, atacó duramente a las empresas que han cometido "excesos" durante la fase de expansión y que ahora sufren en sus balances los efectos de la crisis, en clara referencia a la suspensión de pagos presentada por Martinsa-Fadesa.
A su juicio, el Gobierno no debe acudir al rescate del sector privado "con dinero de todos los contribuyentes" cuando se producen pérdidas derivadas de la "mala gestión" o "mala suerte" de las decisiones empresariales. En definitiva, el Ejecutivo "no debe ayudar a aquellas empresas que no pueden sobrevivir por sí mismas".
En este sentido, señaló que son los accionistas de cada empresa, los que han percibido los beneficios en los últimos años, quienes ahora "deberán asumir las eventuales pérdidas derivadas de su actividad".
50.000 millones para las empresas
Acto seguido, y haciendo gala de un giro dialéctico, el ministro de Economía y Hacienda anunció que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestará 50.000 millones de euros de todos los españoles a compañías constructoras y automovilísticas para que superen la crisis. Eso sí, Solbes dijo que los fondos "preferentemente" irán a parar a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Al mismo tiempo ha señalado que no utilizará el dinero de los contribuyentes para ayudar a las empresas.
Fuentes del ICO explicaron a LD que este volumen de ayudas resultaría de sumar las 12 líneas de financiación que tiene en marcha el organismo público y sus correspondientes revisiones anuales, entre los que destacan los planes de titulización de vivienda y el de renovación de vehículos antiguos, entre otras iniciativas.
La justificación de destinar dinero público al ladrillo se encuentra, según Solbes, en la necesidad de incrementar el parque de vivienda protegida. Lo que enlaza con la decisión del Ministerio de Vivienda de destinar 300 millones de euros a comprar suelo para hacer pisos de protección oficial, justo en un momento en el que el mercado de suelo tiene exceso de oferta.
Crecimiento "débil"
En cuanto a las previsiones económicas el vicepresidente reconoció que el crecimiento español seguirá "débil" durante varios trimestres y se situará "alrededor" del 1,6 por ciento al cierre del presente ejercicio, aunque, a su parecer, la desaceleración "tocará fondo" en 2009, momento a partir del cual se observará una "gradual recuperación".
Solbes pidió tranquilidad para afrontar las dificultades actuales y recordó que los soportes de la economía, que aún son "sólidos", permiten ser "razonablemente optimistas" de cara al futuro sin dejar de reconocer "la gravedad" de la situación.
En cuanto a la actitud del Gobierno para hacer frete a la crisis, aseguró que el Ejecutivo ha reaccionado con "la máxima rapidez" poniendo en marcha numerosas medidas, algunas de ellas orientadas a compensar el impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos, como la deducción de 400 euros en el IRPF que ha puesto más dinero en manos de los españoles desde este mismo mes. "Si hubiéramos optado por una reforma fiscal, ésta no hubiera comenzado a tener efectos hasta el próximo año", señaló.
Tensiones financieras y energéticas
El ministro recordó que en menos de tres meses el contexto internacional no sólo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado "aún más", puesto que todavía persisten las tensiones en los mercados financieros y el crudo ha seguido incrementándose en los últimos meses, llegando incluso a superar los 145 dólares en las últimas semanas, a pesar del descenso de los últimos días.
Según Solbes, estos factores tienen un "impacto inmediato" sobre la economía española y han sido los principales motivos que han llevado al Ejecutivo a revisar sus previsiones y a adaptar el cuadro macro al deterioro de la actividad. "No nos ha sorprendido que aumente el precio del crudo ni el encarecimiento de la financiación, pero lo que no era previsible es que estos fenómenos fueran tan violentos ni tan persistentes", señaló.
Consideró que la desaceleración de la economía española, inicialmente suave, era "prevista y conveniente" para un gradual reequilibrio del patrón de crecimiento, pero admitió que el "brusco deterioro" de la actividad internacional ha planteado un "reto especialmente exigente" para la política económica.