(Libertad Digital) El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que realizó estas declaraciones tras reunirse con representantes de las comunidades autónomas, explicó que desde el lunes los automovilistas contarán como mínimo con una ayuda de 1.500 euros (500 aportados por el Gobierno y 1.000 por las marcas), a expensas de lo que decida cada comunidad autónoma sobre su contribución.
El Plan 2000E, que estará vigente un año y comprenderá 200.000 operaciones, contempla una ayuda directa para la adquisición de coches con un precio de hasta 30.000 euros a cambio a achatarrar un vehículo de más de diez años de antigüedad.
De los 2.000 euros por operación previstos en el programa, el Gobierno central aportará 500 euros, a las comunidades autónomas corresponden otros 500 euros y los fabricantes de automóviles contribuirán con los 1.000 euros restantes.
Pese a ello, la medida tiene trampa: los fabricantes ya han descontado la cantidad que les corresponde con rebajas sustanciales, superiores incluso a los 1.000 euros en sus marcas debido al desplome de ventas.
Además, no hay consenso entre las CCAA. El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, afirmó este jueves que el Gobierno regional no se sumará a la ayuda directa para la compra de nuevos vehículos, anunciada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Debate del Estado de la Región, y defenderá las subvenciones regionales existentes, como el descuento del 20% en el Impuesto de Matriculación, informa Europa Press.
Beteta anunció en un receso de la reunión que mantiene todavía el ministro de Industria, Miguel Sebastián, con las comunidades autónomas, que Madrid no aportará los 500 euros con los que el Gobierno central pedía que las regiones colaborasen dentro de este plan.
Reacciones contrapuestas entre las comunidades autónomas
De este modo, los madrileños podrán optar desde el próximo lunes a una ayuda de 1.500 euros (500 procedentes del Gobierno central y 1.000 del sector del automóvil) para la compra de un nuevo vehículo. Los ciudadanos de otras regiones dispondrán de ayudas de 2.000 euros.
El consejero madrileño defendió las subvenciones regionales ya en marcha, como el descuento del 20 por ciento en el Impuesto de Matriculación, y abogó porque el Estado aplique una reducción de impuestos para el sector de la automoción.
Así, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no aportará los 500 euros que se demandan a las autonomías para que el monto de las mismas alcance los 2.000 euros propuestos por el jefe del Ejecutivo. Esta comunidad, que engloba el 27% de las ventas de coches y posee tejido industrial, se mantiene en la propuesta anunciada por la presidenta, Esperanza Aguirre, de promover una rebaja del 20% en el Impuesto de Matriculación.
Cataluña, con el tejido industrial automovilístico más importante, y con una cuota de mercado cercana al 20%, por medio de su conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, acusó al Gobierno de "moroso". La Generalidad no aportará fondos hasta que se apruebe la nueva financiación autonómica.
Galicia, también con industria radicada en su territorio, ha pedido al Ejecutivo que financie el coste íntegro de las ayudas por entender que es el Estado el que tiene que pagar. El consejero de Economía e Industria de Galicia, Javier Guerra, expuso su malestar porque el Gobierno haya eludido la opinión de estas administraciones antes de su anuncio en sede parlamentaria.
Otra comunidad con fabricantes automovilísticos, como Castilla y León, estudia la posibilidad de sumarse a este plan y advierte de que si no lo hace promoverá su propia alternativa. El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha lamentado la "improvisación" de esta medida, a la que le falta "maduración", al tiempo que ha pedido que las ayudas se extiendan a los vehículos comerciales.
Aragón, el centro de producción de General Motors, por el contrario, se sumará a este plan, anunció el consejero de Industria aragonés, Arturo Aliaga, con lo que, desde el lunes, los aragoneses elevarán el importe de la ayuda a los 2.000 euros. Aliaga ha pedido en la reunión que las ayudas se extiendan a los coches con emisiones hasta 160 g/km
En la misma línea, Cantabria expuso su posición favorable y, según su consejero, Juan José Sota, se trata de una medida "adecuada" en un momento de "grave" crisis.
Asturias es otra de las regiones que apoya la propuesta por entender que es una acción necesaria para reflotar un sector estratégico.
Por su parte, el gobierno vasco no lo tiene claro. El Consejero de Industria e Innovación de la comunidad autónoma, Bernabé Unda, ha dicho este jueves que estudiará la propuesta de ayudas a la compra de coches y avisó que "será necesario analizar si dicha iniciativa se adapta a nuestra realidad".