La reducción del límite de velocidad a 110 km/h es la primera de toda una serie de medidas para ahorrar combustible. El Gobierno baraja ahora la posibilidad de cobrar por circular por el centro de las ciudades.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se ha reunido este martes por la tarde en la sede de su Ministerio con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, y con otros representantes municipales para abordar nuevas medidas de ahorro energético a nivel local, según a Europa Press en fuentes del sector.
Dentro de esta nueva batería de propuestas destaca, sobre todo, una: la posibilidad de poner una tasa por acceder al centro de las ciudades. El propio Pedro Castro detalló algunas de las propuestas que abordaría con el ministro en un acto previo con José Blanco. Ante la prensa, apuntó precisamente a la entrada de vehículos en las ciudades y dio una idea: que al igual que en otras ciudades europeas, "se pueda utilizar en días pares, matrículas pares y en días impares, matrículas impares".
Fuentes citadas por el Heraldo de Aragón adelantaron que esa idea es la que la que más viabilidad tiene en un futuro próximo. Por su fuera poco, el PSOE también ha analizado la posibilidad de limitar más la velocidad en los cascos urbanos, pasando del máximo actual de 50 km/h a 30, algo inédito en toda la UE.
Sin embargo, las actuaciones que reúnen más consenso entre el Gobierno y los municipios son las que se refieren a la reducción del gasto energético en edificios municipales, en iluminación, etc. Tampoco se descarta que impulsen incentivos fiscales para las empresas que sean más sostenibles ambientalmente.
Las medidas acordados por Industria y la Femp formarán parte de un nuevo paquete de medidas de ahorro energético que aprobará el Consejo de Ministros. En el caso de que fuesen competencias exclusivamente municipales, fuentes de la FEMP recuerdan que no es una federación que pueda imponer directrices a sus asociados, sino que funciona a través de recomendaciones. Es decir, en principio, cada municipio podría decidir si se acoge a lo aprobado.