El pasado viernes, el Ejecutivo aprobó el Fondo de Rescate Bancario que dota al Gobierno de hasta 90.000 millones para rescatar entidades y abre la puerta a la nacionalización bancaria.
El amplio paquete de medidas destinado a favorecer la liquidez y el acceso al crédito que se puso en marcha en noviembre de 2008 estaba dotado de un importe de 100.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Los avales públicos a las emisiones de bancos y cajas que se reserva el Ejecutivo ya se contemplaban en este plan.
Sin embargo, la norma que regula el FROB reduce a 64.000 millones esta cantidad, tras restar los 27.000 millones que supondrán los avales destinados al FROB en este año, así como los 9.000 millones aprobados hace tres meses para garantizar la financiación a la intervención del Banco de España en Caja Castilla- La Mancha.
37.000 millones en emisiones
Sin embargo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, reveló a principios de mes en el Congreso que las emisiones de deuda por parte de las entidades financieras avaladas por el Estado ascenderían ya a 37.000 millones de euros, sumando tanto aquellas operaciones que ya se han autorizado como las que están pendientes de aprobación.
De esta forma, las entidades financieras españolas podrán contar con alrededor de 27.000 millones de euros en avales públicos hasta el cierre del año, una cantidad equivalente al endeudamiento en el que podrá incurrir el FROB para el presente ejercicio.
Ni déficit ni gasto
El pasado viernes, Salgado defendió que estas ayudas que el Estado español ha prestado al sistema financiero "no son generadoras de déficit ni de gasto, sino que son avales y están produciendo beneficios por las comisiones que cobra", del mismo modo que la compra de activos financieros de la máxima calidad también revertirá en beneficios pasados los años.
Así, en la memoria económica del decreto ley se señala que será el FROB quien asuma "en primer término y con carácter general" los pagos derivados de las operaciones de endeudamiento que concierte y que la obligación para el Estado será de naturaleza "absolutamente contingente", produciéndose sólo en el caso de "incumplimiento de sus obligaciones" por parte del Fondo.