La Administración General del Estado acumula un déficit público (diferencia entre ingresos y gastos) de 41.573 millones de euros entre enero y julio, tan sólo un 0,55% menos que en el mismo período de 2009. Es decir, el abultado descuadre fiscal permanece casi intacto en lo que va de año, pese al compromiso del Gobierno de reducir el déficit.
Este dato contradice al propio Ministerio de Economía, que el pasado 31 de agosto anunció que el déficit estatal se redujo a 25.774 millones de euros hasta julio (el 2,44% del PIB), frente a los 49.801 millones (4,73% del PIB) del mismo periodo de 2009, lo que supone una reducción del 48,2% interanual. Este resultado, según reza el comunicado oficial, fue consecuencia de unos pagos no financieros que se situaron en 103.673 millones de euros, un 3,8% menos, y unos ingresos de 77.899 millones, un 34,4% más, gracias, sobre todo, al fuerte repunte recaudatorio del IVA.
Desde entonces, los miembros del Gobierno y, en especial, la ministra de Economía, Elena Salgado, han reiterado una y otra vez el gran logro que supone haber reducido casi a la mitad el déficit público en lo que va de año, como una muestra inequívoca de la buena gestión presupuestaria efectuada hasta el momento. Sin embargo, dichas proclamas no se ajustan a la realidad.
Lo que realmente importa a Bruselas, a efectos de cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y a los técnicos de Hacienda, para tener una imagen realista de las cuentas públicas, es la cuantía de las obligaciones y derechos reconocidos netos. La clave radica en ambas partidas, ya que incluyen tanto los pagos e ingresos reconocidos y pendientes de efectuar como los remanentes de crédito.
Así, según los datos de ejecución presupuestaria disponibles hasta el pasado 31 de julio, los derechos reconocidos no financieros netos (ingresos) ascendieron a 62.676 millones de euros, lo que supone un 1,4% más que en el mismo período de 2009; mientras, las obligaciones netas (gastos) se situaron en 104.249 millones, un aumento del 0,6% interanual.
De este modo, el déficit real del Estado (obligaciones menos derechos) fue de 41.573 millones de euros hasta julio, tan sólo un 0,55% menos que los siete primeros meses del pasado año (41.803 millones). La brecha fiscal equivale así al 6,75% del PIB nominal hasta julio.
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Los informes internos del Ministerio de Economía desmienten a Salgado, ya que el déficit real (el que realmente contabiliza Bruselas) apenas cae un 0,5% interanual y no un 50%, tal y como ha repetido la ministra y hasta el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Los derechos (ingresos) y obligaciones (gastos) netos reconocidos hasta el pasado julio apenas varían entre 0 y 2 puntos porcentuales al alza respecto a 2009, con lo que la supuesta reducción del déficit no existe, al menos por el momento.
Así pues, las perspectivas de déficit son muy similares a las del pasado año, salvo que la recaudación por IVA aumente de forma muy sustancial en los últimos meses de 2010 y los recortes de gasto público anunciados tengan un gran impacto de aquí al próximo enero. Lo primero es harto improbable y lo segundo está aún por ver.
Así pues, de mantenerse esta tendencia, España cerrará el año con un déficit público superior al 10% del PIB frente al 11,2% registrado en 2009, con lo que el Gobierno no cumpliría el Programa de Estabilidad Presupuestaria que exige Bruselas. De hecho, el propio Gobierno se contradice cuando, por un lado, se vanagloria de haber reducido el déficit a la mitad hasta julio (algo incierto, tal y como muestran los datos), y por otro prevé que el desajuste presupuestario sólo se reduzca al 9,3% del PIB en 2010 (algo que, de mantenerse el actual ritmo de ejecución, tampoco se cumplirá).
