La guerra de precios en el sector tabaquero se ha traducido en una subida del impuesto mínimo sobre el tabaco. El Gobierno ha aprobado un decreto-ley que recoge las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente del Gobierno y que incluye también, como era de esperar, un incremento del impuesto especial sobre el tabaco, según anunció la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien indicó que el precio de la cajetilla subirá hasta igualarse con Portugal.
El impuesto mínimo se creó en 2006 para luchar contra el boom de las marcas "low cost", que bajaron el precio del tabaco hasta prácticamente la mitad. Desde su implantación, este impuesto no ha dejado de subir y en la actualidad se sitúa en los 91,3 euros por cada mil cigarrillos aunque con esta nueva modificación se prevé que suba hasta los 100 euros.
Aunque parezca que el Gobierno es el único beneficiario de este nuevo aumento de la presión fiscal, las grandes marcas también van a sacar provecho de la subida, ya que frenarán a la competencia, que estaba ganando cuota de mercado en los últimos tiempos gracias a sus marcas de bajo precio.
La subida del impuesto mínimo repercute obligatoriamente en el precio final del producto (a mayor impuesto mayor precio de la cajetilla). Sin embargo, las multinacionales pueden absorber dicho aumento en lugar de repercutirlo al consumidor gracias a que gozan de un mayor margen de beneficios. Pero a las marcas menos conocidas les resulta mucho más difícil asumir dicho coste fiscal extra, ya que la subida del impuesto aumneta, obligatoriamente, el precio de sus cajetillas, reduciéndose así además el diferencial de precios entre marcas conocidas y menos conocidas.
Si esta horquilla de precios se reduce, los consumidores tenderán a comprar, por una cuestión de confianza, la marca más conocida, mientras que las marcas baratas pierden cuota de mercado.
La estrategia que han utilizado las grandes tabaqueras para conseguir que el Gobierno suba el impuesto mínimo comenzó con la creación de nuevas versiones de sus marcas líderes, pero a un precio menor. Así Fortuna, Malboro o Winston sacaron sus versiones más baratas y la temida "guerra de precios" estalló en el sector del tabaco.
El Gobierno es el principal interesado en que no haya tabaco barato en el mercado por dos razones básicas: para restringir el consumo por "razones de saud pública" y porque la subida de precios permite recaudar más. La imposición al tabaco supone aproximadamente el 5% de los ingresos no financieros del Estado. Las arcas públicas ingresaron la friolera de 9.446,7 millones de euros en 2009, todo un récord histórico en la recaudación de nuestro país.
Y por eso Salgado justifica esta subida como una forma de proteger la salud de los españoles y como un instrumento de financiación del déficit con el que obtendrá 780 millones más a lo recaudado en 2010.