Badalona es una ciudad del cinturón industrial de Barcelona que, según la última revisión padronal, tiene casi 220.000 habitantes censados y una comunidad informal de 1.161 gitanos rumanos, es decir, el 0,5% de la población total. Hasta aquí nada anormal. Lo verdaderamente extraño llega con las cifras de delincuencia, mejor dicho, con su distribución por nacionalidades. De cada cien detenciones que se practican en la localidad barcelonesa, 25 pertenecen a esa minoría. Un porcentaje exageradamente alto considerando su peso demográfico. Los datos son concluyentes: en 2009 pasaron 120 rumanos pasaron por comisaría, este año ya son 64 y estamos aún lejos de su ecuador.
José Barros, del semanario Alba, se ha sumergido en el submundo delincuencial de los barrios badaloneses donde residen los rumanos. El panorama a plena luz del día es devastador, propio de una ciudad del tercer mundo: “peleas a plena luz del día, aceras manchadas por la sangre de apuñalamientos, escaleras de vecinos orinadas, aceite hirviendo arrojado a la calle por la ventana, contenedores volcados con la basura desparramada por el suelo, subida de chatarra a los pisos, niños jugando desnudos en los parques, carterismo, robos de casas, de bares, de tiendas, de coches...”
El Partido Popular de Badalona, regentado por el combativo Xavier García Albiol, saltó a la primera plana de todos los diarios nacionales a finales de abril después de repartir un folleto en el que se denunciaba la inseguridad de ciertos barrios de la ciudad. En el folleto aparecía una fotografía de un cartelito colgado sobre una verja en el que, escrito a mano, ponía “No queremos rumanos”. Aquel fue el detonador del escándalo, que empezó siendo local y terminó abriendo los telediarios de las cadenas de televisión adictas a la Moncloa, es decir, casi todas.
La Badalona que se ha encontrado José Barros en su “bajada a los infiernos” no difiere mucho de la que pinta el folleto del PP. La comunidad se organiza como una mafia muy primaria, con capos que fijan cuotas de productividad, seguidos de severos castigos si éstas no se cumplen. La sensación de inseguridad y su secuela de miedo ha calado tan profundamente entre la población de estos barrios –San Roque, Llefiá y La Salud– que casi nadie se atreve a hablar del tema por puro miedo, ni los payos ni los gitanos nacionales, con quienes ya han tenido enfrentamientos. Los mismo sucede con otras comunidades de emigrantes también temerosas de la ley que los gitanos rumanos han implantado en la calle a golpe de navajazo y vendetta.
La primera consecuencia visible de la degradación de estos barrios son los carteles de “Se Vende” que proliferan por ventanas y balcones. Los caseros, generalmente paquistaníes, aprovechan así la circunstancia para aumentar su stock de viviendas, que pronto serán alquiladas a nuevos inquilinos rumanos en lo que se conoce como pisos-patera. Un círculo vicioso y muy difícil de romper. Entretanto, el tabú de lo políticamente correcto ha caído como una losa sobre estos tres malhadados barrios de Badalona, víctimas involuntarias de una ecuación cada vez más común en las ciudades españolas, una secuencia de acontecimientos con resultado fatal. Inmigración descontrolada en barrios humildes-delincuencia y miedo-inhibición de los poderes públicos-degradación del barrio-conflicto étnico y, como colofón, un culpable adjudicado de antemano: el trabajador honrado, español o no, que ya vivía ahí. Y no es Los Ángeles, es Barcelona.