LD (L. Ramírez) Gobierno y oposición inician la reforma del sistema de pensiones. Aunque la propuesta es ampliar a 20 años el periodo cálculo de la cotización, lo que bajaría las pensiones una media de 60 euros, las dos formaciones han defendido en los últimos años ampliar el cálculo de las pretaciones a toda la vida laboral, lo que reduciría su importe un 30%.
El pasado 14 de octubre, el presidente del Gobierno y el lider de la oposición acordaron –en una reunión celebrada para hablar de los reales decretos anti-crisis del Gobierno- revitalizar el Pacto de Toledo, con el objetivo de garantizar el futuro del sistema de pensiones.
Para dar una base estadística al proceso de negociaciones, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, publicó un informe en el que avisaba de la insostenibilidad del actual sistema de aportaciones a la Seguridad Social a largo plazo. La conclusión principal del estudio era que las pensiones de los menores de 50 años no están garantizadas.
Con estos precedentes, la comisión parlamentaria que estudia periódicamente la evolución del sistema público de pensiones se reunió el pasado jueves y la principal conclusión que se extrae de las intervenciones de los portavoces de las distintas formaciones políticas es que se aprobarán reformas de calado.
En concreto, se considera muy probable, según las fuentes consultadas, que se apruebe la ampliación del periodo de tiempo que se usa para calcular la cuantía de la pensión. En la actualidad el plazo es 15 años –los últimos de la vida laboral- y la intención de PSOE y PP es aumentarlo hasta los 20 años de forma gradual.
Este compromiso, que se denomina “la contributividad del sistema”, ya se encuentra en el documento fundacional del Pacto de Toledo, pero en los últimos años se había dejado en un segundo plano por la oposición de algunos partidos políticos y de los sindicatos.
Y es que aprobar esta medida podría tener un alto coste electoral, ya que reduciría la cuantía media de las pensiones.
Según revela un informe elaborado por Labour Asociados para la Seguridad Social, “el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas, un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años”. La consultora estima en más de un 5% la reducción, alrededor de unos 60 euros, a los que habría que sumar otra reducción del 5% aprobada en la reforma de 1997. Es decir, en total, las últimas reformas del sistema (si sale adelante la actual propuesta) rebajarán hasta un 10% el importe de las pensiones de los españoles.
Esta reducción se explica porque, en la mayoría de los casos, los salarios crecen a lo largo de la vida laboral, para descender levemente en los años previos al retiro. Si se analizan los datos de la Seguridad Social se comprueba cómo ampliar el periodo de cálculo a 20 años provocaría que la media se rebajara, al entrar en liza años en los que el salario medio es menor:
En teoría, la ampliación supondría un beneficio para algunos cotizantes y un perjuicio para la mayoría de ellos. Saldrían beneficiados aquellos que son expulsados del mercado laboral a partir de los 50 años y, por lo tanto, sus últimos 15 años de cotización quedan deteriorados y son peores que los anteriores. Pero en una carrera laboral tradicional, los últimos años cotizados son lo mejores y, por ello, una aumento del plazo de cálculo provocaría una rebaja de la cuantía de la pensión.
Pero esta caída del 10% en el importe medio de las pensiones de jubilación puede ser incluso una buena noticia si se analizan las intenciones reales de los responsables económicos de los dos principales partidos, ya que a lo largo de los últimos años PSOE y PP han mostrado su disposición a pactar que se utilice toda la vida laboral para calcular estas pensiones.
¿Rebaja del 30%?
Según el estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), para una ampliación del periodo de cálculo hasta 45 años (que en la práctica supondría acercarse al supuesto de determinar las pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral), las prestaciones por retiro caerían un 30%.
Aunque ahora no lo mencionen ni en Ferraz ni en Génova, las hemerotecas demuestran las intenciones reales de los dos principales partidos. En diciembre de 2006, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, abogaba por una “revisión permanente” del sistema público de pensiones, que tenga como objetivo “un modelo de proporcionalidad puro” que “tenga en cuenta toda la vida laboral”.
En el mismo sentido se pronunciaba el equipo económico del PP en 2003, precisamente en las reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El argumento esgrimido es que el sistema actual es insostenible -como lo demuestran los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo- y que la única forma de garantizar su viablidad es ampliando el periodo de cálculo a toda la vida laboral.
El PSOE "dispuesto a hablar de todo"
Por lo tanto, habrá que estar atentos a las reuniones de la comisión parlamentaria que debate estas cuestiones. La portavoz socialista en este órgano, Isabel López, asegura que su partido “está dispuesta a hablar de todo, pero cualquier cosa debe hacerse por consenso”, lo que significa que no se tomará ninguna decisión sin el apoyo de sindicatos, empresarios y de la oposición.