LD (Luis F. Quintero) A finales de los noventa el Gobierno de Zimbabue celebró una conferencia sobre la reforma agraria del país. Finalmente se llegó a un amplio acuerdo entre el Estado, las partes interesadas y los organismos internacionales de ayuda, pero este acuerdo nunca se llevó a efecto.
Dos años más tarde, en un intento de destruir a la oposición, que se centraba en las explotaciones agrícolas, el estado comenzó lo que se llamó la vía rápida de la reforma agraria.
A los ojos de la comunidad internacional el gobierno de Zimbabue justificó este programa apelando a injusticias históricas. En su opinión, este programa buscaba corregir desequilibrios raciales en la propiedad de la tierra.
Pero la realidad es que el programa de reforma ignoró la situación legal que amparaba los derechos de los propietarios de las explotaciones agrarias y también ignoró el derecho de éstos a percibir una indemnización justa y razonable por la expropiación de sus tierras.
Tal y como cuenta moneyweb, esta normativa establecía que los propietarios de explotaciones agrarias podrían ejercer el pleno derecho de sus títulos. Además, el Estado estaba obligado, mediante un certificado de “falta de interés” a adquirir (en el caso de que así lo quisiera) cualquier granja en el mercado libre. Y así lo hizo durante algunos años después de 1980 hasta adquirir unas 3,8 millones de hectáreas de tierra de cultivo.
Así, los propietarios de explotaciones agrícolas, disfrutaban del derecho a la propiedad de sus tierras y de recibir un precio justo (el que marcase el mercado) en el caso de que otro propietario o el propio Estado quisiera hacerse con ellas.
Pero durante los ocho años siguientes, el Gobierno se dedicó a cambiar las leyes cada vez que el propietario de una explotación agraria ganaba algún procedimiento judicial contra el Estado a propósito de la adquisición de sus tierras.
Finalmente, un grupo de campesinos llevaron su caso ante el tribunal de Windhoek, en Namibia, donde lograron un fallo favorable provocando que el Gobierno del país recibiera instrucciones para no dañar los derechos legales de estos campesinos.
La actitud del régimen de Mugabe hacia los campos de cultivo era sencillo, se las quitaban a sus dueños. Redactaban una carta estableciendo la expropiación de la explotación y colocando al estado como beneficiario del derecho a la ocupación. Por el contrario, no se otorgaba protección alguna a los propietarios y su personal y no se permitía la ingerencia en la operación por considerarse de carácter "político".
En la mayoría de los casos se utilizó la fuerza - principalmente en forma de grupos de jóvenes matones que actuaban en nombre del "beneficiario", es decir del Gobierno de Mugabe. Una vez que los propietarios y sus empleados habían sido desalojados, el Gobierno tomaba sus bienes, cultivos y ganado.
En el año 2000 la producción total de la industria agrícola en Zimbabue fue de 4,3 millones de dólares americanos. Esto ha disminuido a poco más de 1,38 millones de toneladas de productos en 2009 por valor de mil millones de dólares de EEUU, un descenso del 69% en volumen y un descenso del 70% en valor. Una caída que ha afectado tanto a los pequeños agricultores como a la gran industria y ha supuesto una pérdida de más de 1,5 millones de empleos.
Estas cifras no han impedido que continúen las invasiones de explotaciones agrarias, incluídas aquellas granjas que contaban con el amparo jurídico del Tribunal de la SADC. Más de la mitad de estas tierras ocupadas son abandonadas y vueltas a ocupar en sucesivas ocasiones. Se calcula que el valor total de las posibles demandas judiciales en EEUU supere los 5.000 millones de dólares, más del 30% del PIB actual.
Por este motivo, muchos analistas señalan ahora que es necesario repensar las políticas necesarias para Zimbabue. Las claves para la recuperación pasarían, según éstos, por afianzar la seguridad de los agricultores y permitir la financiación adecuada de su actividad. El problema es que estas medidas no se pueden ejecutar hasta que se resuelva la desprotección de los derechos de propiedad de las granjas y las correspondientes indemnizaciones.
La locura de invasiones de granjas supone un coste disparatado. Sólo en ayuda alimentaria internacional de emergencia, el gasto se ha elevado a 2,8 millones de dólares estadounidenses. Las pérdidas en producción agrícola durante más de 10 años se calcula en 12.000 millones. Esto, sumado a una posible indemnización a EEUU de 5.000 millones suman casi 20.000 millones de dólares.
Los efectos ya los conocemos. El país está sumido en el caos. Sus habitantes tienen que buscar oro en los márgenes de los ríos o tratar de hacerse con divisa extranjera para poder pagar una hogaza de pan. El dólar zimbabuense no vale nada. Tanto es así que se han imprimido billetes de 500 billones de dólares. Hace tiempo que asearse con billetes es más económico que comprar papel higiénico.
Además, los profesores han dejado de impartir clases ya que el salario que les proporciona el Estado a penas les sirve para sobrevivir un par de días. Las autoridades han llegado a saquear algunas tiendas de la ciudad buscando alimentos y provisiones.