Este viernes Elena Salgado ha anunciado la enésima rectificación del Gobierno. A finales de enero se contaron los detalles de la reforma financiera con la que el Gobierno quería conjurar los peligros de una nueva crisis de deuda. Implicaba la privatización de las cajas en varias fases. La primera de ellas, elevar el core capital. Después llegaría la privatización de las entidades saneadas. El plazo máximo era septiembre de 2011. Hasta hoy.
Tras las presiones de las cajas y también de partidos políticos –el PP incluido-, el Ejecutivo ha decidido aceptar sus peticiones y retrasar seis meses el plazo para que las cajas hagan sus deberes. La reforma financiera, clave para ganar algo de credibilidad ante la UE y los inversores, llegará finalmente más tarde de lo que el propio Ejecutivo anunció a bombo y platillo.
Algo similar ocurrió con la reforma de las pensiones. Dejando a un lado que no será tan definitiva como nos han querido vender –al propio Valeriano Gómez se le escapó que necesariamente tendrá que haber otra en unos años-, la supuesta medida clave, el retraso en la edad de jubilación, no será para todos los españoles como el propio Zapatero había prometido hace unos meses en Bruselas.
De nuevo fueron las presiones de los sindicatos, abocados a pactar algo para no quedar de nuevo en evidencia, las que provocaron que la reforma fuera mucho menos drástica de lo anunciado. Finalmente, seguiría quedando abierta la posibilidad de jubilarse, como hasta ahora, a los 65 años. La condición, haber cotizado 38,5 años.
En el mismo marco de negociaciones con los sindicatos, es decir, de cesiones, se enmarca la dinamitada reforma laboral. Se esperaba que el ya tímido proyecto supusiera una reducción en el coste de los despidos. Pero en el texto final tampoco se incluyó la que era la única medida que resultaba relevante. Las empresas no podrían acogerse al despido objetivo (con una indemnización de veinte días por año trabajado) en caso de pérdidas coyunturales, es decir, en una situación de crisis como la actual.
El último y quizás más llamativo giro de Zapatero se ha producido en otro pilar de la economía española: la energía. El antinuclear presidente, principal defensor de la erradicación de las centrales nucleares dentro del Consejo de Ministros –ordenó el cierre de la central de Garoña pese a los informes a favor de que siguiera funcionando- se ha pasado al bando contrario. Esta semana, su partido dio su apoyo a una moción de CiU que proponía alargar la vida de las centrales más allá de los cuarenta años. Son incontables las ocasiones en que el presidente se mostró públicamente en contra de esta idea, defendida por numerosos expertos y seguida por otros países.
El bandazo ha llegado precedido por un abultadísimo déficit tarifario que ha llevado al Gobierno a subir de golpe la luz en un diez por ciento y después de que se destapara el fraude provocado por años de primar las energías renovables.