Damián Vásquez tiene una tienda de ultramarinos. Y aunque solía actualizar los precios de los productos de limpieza en las estanterías de su comercio, ahora ya no lo hace. La inflación está provocando que los precios suban tan rápido que ya no merece la pena cambiar las etiquetas. "Cuando la inflación estaba controlada los cambiaba, pero ahora cambian cada semana", comenta disgustado.
La elevada inflación es una de las debilidades crónicas de la economía de Argentina y parece que ya está volviendo otra vez. Economistas independientes están diciendo que la inflación real de la canasta básica de alimentos ha cerrado el 2010 por encima del 26%, muy lejos del 11% oficial. Se trata por tanto de la tasa más elevada desde la calamitosa devaluación de 2002.
De nuevo son los pobres los que más están sufriendo las consecuencias de una política monetaria expansiva. Los incrementos en los precios de los alimentos están ya muy por encima de las subidas pactadas en los salarios, provocando una merma considerable de su poder adquisitivo. Así que hoy los argentinos pueden comprar con el mismo dinero menos alimentos que hace un año. Aún las clases más acomodadas lo están notando también, pues están incrementando progresivamente sus niveles de endeudamiento.
Aunque no parece probable que se vuelva a los niveles de hiperinflación sufridos en los años 70 y 80, parece evidente que esta elevada inflación ha llegado para quedarse en el país durante unos cuantos años y aún crecer en los próximos meses.
Cristina Fernández de Kirchner informa una y otra vez que la inflación no es un problema, a pesar de la insistencia de los economistas locales en decir lo contrario. De hecho están presentando algunos de ellos evidencias de que las estadísticas oficiales están indicando una inflación muy por debajo a la observada en la calle.
Mientras la cifra oficial del gobierno es del 11% para el 2010, la consultora Ecolatina ha dicho que el dato observado en sus amplios muestreos nacionales está rozando el 27%. Indica además que el índice de pobreza no es el 12% oficial, sino que ya está alcanzando al 33% de la población nacional.
El ministro de Economía, Amado Boudou, dijo en noviembre del año pasado que la inflación era sólo un problema de las "clases medias y de las adineradas", culpando además a la "especulación salvaje" de los vendedores por querer aprovecharse de la población con sus subidas de precio a finales de año. Por eso dijo que la inflación no era un problema importante para el país sino una mera cuestión coyuntural en el comercio.
Pero muy al contrario, los principales economistas independientes están advirtiendo de que la inflación sí es ya mismo un problema y que en absoluto se debe a los comerciantes sino al Gobierno. En efecto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha aumentado la base monetaria un 50% durante los últimos tres años, en consonancia con la política monetaria expansiva de la Reserva Federal americana. Es este hecho el mayor azote para los más desfavorecidos y el principal motor de pobreza y exclusión social. El propio ex ministro Domingo Cavallo ha llegado a decir que los índices de pobreza se están acercando peligrosamente a los niveles de finales de los años 90.
Pero todos estos datos se están ocultando en las cifras oficiales. El propio ex presidente Néstor Kirchner -recientemente fallecido- comenzó a forzar las estadísticas nacionales, tal como ha confirmado Martín Redrado, anterior presidente del BCRA. Para poder hacerlo, el que fuera presidente judicialista puso al frente de la oficina estadística gente afín a su creatividad contable, después de haber expulsado convenientemente a los disidentes con la nueva línea de propaganda oficial.
Desde 2007 la inflación oficial reportada es del 39%, mientras que los economistas independientes entregan suficientes pruebas para demostrar que es del 122%. En concordancia por otro lado con la expansión monetaria sufrida durante el último trienio.
El propio Redrado, siendo presidente del BCRA, se opuso frontalmente a la monetización de la deuda pública que estaban imponiendo los Kirchner. Un hecho que supuso la pronta destitución de sus funciones en favor de la más dócil Mercedes Marcó. Por eso ahora mismo el banco central es ya un mero apéndice del Tesoro Público y sus necesidades económicas. Una situación que reviste graves riesgos por la secular laxitud expansiva de la política monetaria argentina.
No hay billetes suficientes
Una prueba indirecta del fuerte deterioro en el poder adquisitivo del peso es que los cajeros automáticos se están quedando cada vez con mayor frecuencia sin billetes, al mismo tiempo que el Gobierno se opone a emitir nueva moneda con denominación superior a los 100 pesos, pues se estaría reconociendo explícitamente un fuerte incremento de los precios. No se trata por tanto de ningún nuevo corralito semejante al de hace 10 años, sino que hacen falta muchos más billetes de 100 pesos de los que hay en circulación para poder pagar los gastos corrientes de la gente.
En medio de este sinsentido, la Casa de Moneda no está dando a basto en la impresión de las nuevas series de 100 pesos por la gran demanda y generalizada escasez de billetes. Pues, en efecto, el país se terminó quedando sin papel de esa denominación a principios de este año, viéndose obligados a contratar en Brasil la impresión de 5.000 millones de nuevos pesos.
Esta situación cambiaría radicalmente si el Gobierno reconociera lo evidente y terminara añadiendo un cero más a los billetes de 100 pesos. Es decir, comenzara a emitir billetes de 1.000 pesos. Pero, entonces, se estaría reconociendo el fuerte proceso inflacionario de los últimos tres años, disparándose el riesgo del país de nuevo a máximos históricos. Esto situaría a la economía argentina en una posición internacional aún más difícil y precaria por el temor creciente de los inversores extranjeros de que el fraude estadístico esté ocultando otros problemas contables más graves y una nueva situación de insolvencia.