El Estado no tiene dinero. De hecho, está cubriendo con déficit casi la mitad del gasto público en 2009. Pese a ello, el despilfarro continúa. Si hace escasos días el Gobierno regaló casi 200 millones a programas exteriores de "seguridad alimentaria" y "lucha contra el cambio climático", ahora el Gobierno incrementa la cuantía destinada a este último capítulo.
Así, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, señaló en la inauguración de la conferencia sobre el cambio climático que se celebra esta semana en Barcelona, con la presencia de cerca de 4.000 representantes de unos 190 países, que el Estado español aportará otros 100 millones de euros adicionales de aquí a 2012, con el objetivo de "reforzar los esfuerzos tempranos" en la lucha contra el cambio climático, informa Europa Press.
El anuncio lo ha hecho después de que la UE fijara en 100.000 millones de euros la cantidad necesaria hasta 2020 que se debería invertir en los países en vías de desarrollo para que adopten un modelo de crecimiento más sostenible.
Según informa este lunes Cinco Días, en su informe anual (World Energy Outlook 2009) presentado la semana pasada en Madrid, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cifra en 10,5 billones de dólares (7,1 billones de euros) la factura del nuevo Protocolo de Kioto.
El documento, dedicado este año a las políticas para la lucha contra el cambio climático, es un adelanto que este organismo ha preparado con vistas a la Conferencia de Copenhague convocada por la ONU para el mes de diciembre con el fin de pactar la continuidad del Protocolo de Kioto a partir de 2013 y la suma de nuevos países. En 2012 acaba la segunda fase del acuerdo internacional para frenar el calentamiento del planeta.
Para limitar el aumento de la temperatura terrestre en dos grados centígrados (lo que se traduce en 450 partes/millón equivalente de CO2) y con el horizonte de 2030, la AIE calcula que serán necesarias unas inversiones de 10,5 billones de dólares hasta ese año en los sectores relacionados con la energía. El 75% de esa inversión deberá acometerse antes de 2020 y los países de la OCDE, entre ellos España, correrán con el 48% del gasto.