La semana pasada tuvo lugar una cita histórica, un punto de inflexión en la historia de la UE. El Consejo Europeo, máximo órgano político de la Unión, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, acordó llevar a cabo una reforma de los tratados fundacionales con dos objetivos claros: por un lado, endurecer las sanciones a los países que incumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit máximo del 3% y deuda pública del 60% del PIB); y, por otro, crear un mecanismo permanente de estabilización financiera con el que hacer frente a problemas de solvencia soberana. O, dicho de otro modo, extender de forma indefinida el fondo de rescate de países, dotado en la actualidad con cerca de 750.000 millones de euros, y en el que también participa el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los grandes titulares se han centrado, precisamente, en este último punto, la configuración de un fondo de rescate permanente. Dicha medida se viene discutiendo en Bruselas desde el pasado septiembre ante el riesgo de que la posible quiebra de Portugal, Irlanda, Grecia y España (los denominados PIGS, o PIIGS si se incluye a Italia) tenga lugar a partir de 2012, una vez que se extinga el actual fondo ideado por la UE.
Sin embargo, tal y como señala el refrán, el árbol no deja ver el bosque. Y es que, este acuerdo light para reformar parcialmente el Tratado de Lisboa incorpora un cambio cualitativo en la vigente estructura comunitaria. Alemania ha logrado introducir en la agenda comunitaria el asunto clave: la denomina "quiebra ordenada" de países, un proceso por el cual se abre la puerta de par en par a la reestructuración de deuda pública, en caso de que algún país miembro no pueda cumplir con sus compromisos financieros.
Aunque, a priori, pueda sonar contradictorio, la cuestión es que si bien la UE debate crear un fondo de rescate permanente, éste será limitado de modo que, al mismo tiempo, Alemania apuesta por permitir quitas soberanas, asumiendo así los acreedores (bancos) parte de las pérdidas en caso de que acontezca nuevamente una crisis de deuda pública similar a la del pasado mayo.
Merkel ha logrado, pues, imponer su criterio en el seno de la Unión, apoyando de forma clara y contundente la posición del presidente del Bundesbank, Axel Weber. El mensaje es el siguiente: cualquier país de la zona euro que se sumerja nuevamente en una crisis de deuda y no pueda adaptarse al ritmo de la Unión Monetaria que dictan las grandes potencias se enfrentará a una quiebra "ordenada", una suspensión de pagos parcial en la que se aplicarán nuevos calendarios de pago e, incluso, quitas (descuentos) en el valor nominal de los bonos que poseen los acreedores (fundamentalmente, bancos).
Los inversores, y no sólo los contribuyentes -tal y como ha acontecido hasta ahora-, pagarán parte de la factura. "Debemos tener en cuenta los sentimientos de nuestro pueblo, que tiene un deseo justificado de implicar también a los inversores privados y no sólo a los contribuyentes", alertó Merkel. Se trata de un apoyo explícito al reciente mensaje emitido por Weber, el actual favorito para suceder a Trichet al frente del Banco Central Europeo (BCE) en 2011: "La próxima vez que haya un problema, (los tenedores de bonos) deben ser parte de la solución y no del problema. Hasta ahora los únicos que han pagado son los contribuyentes".
En resumen, habrá quitas y reestructuraciones soberanas en el seno de la zona euro. Ésta fue la condición impuesta por Merkel para aceptar un fondo permanente para rescatar países a partir de 2013 mediante la modificación del Tratado de Lisboa.
La canciller es plenamente consciente que tanto la población germana como sus aliados en el Gobierno (los liberales) rechazan frontalmente que el contribuyente alemán pague la factura de dichos rescates. No obstante, estos mecanismos de ayuda violan explícitamente el Tratado de la Unión y de la propia Constitución germana. Sin ir más lejos, cabe recordar que la prensa alemana anunció la defunción del BCE tras el plan de rescate acordado el pasado mayo.
Merkel ha logrado, finalmente, imponer su criterio abriendo la puerta a algo impensable hace apenas tres años: la quiebra de un país miembro. De hecho, su plan inicial iba mucho más allá, ya que pretendía reformar los tratados fundacionales para permitir la expulsión de países de la zona euro. De hecho, hasta el BCE encargó un polémico estudio al respecto.
Con este proceso de "quiebras ordenadas", Merkel espera reforzar su delicada posición frente al Tribunal Constitucional de Alemania, que en estos momentos estudia bloquear la concesión de créditos destinada por su Gobierno al famoso fondo de rescates soberanos.
Grecia no descarta el default
Grecia podría ser el primer país en experimentar dicha quiebra. Según la mayoría de analistas, el Gobierno heleno no logrará evitar la temida reestructuración, pese a los duros ajustes presupuestarios aplicados hasta el momento. La deuda pública helena amenaza con alcanzar la barrera del 150% del PIB en un par de años, al tiempo que su déficit público en 2009 podría ascender finalmente al 15%, tras la última revisión presupuestaria que se está llevando a cabo. Sin ir más lejos, hasta el propio Gobierno heleno comienza ya a barajar esta opción (suspensión de pagos).
El pasado domingo, el viceprimer ministro griego señaló a un periódico local que la reestructuración soberana no puede ser descartada completamente, aunque el Ejecutivo mantiene como objetivo prioritario la reducción del déficit público para evitar esta opción. Así pues, todo parece indicar que el importante dilema al que se enfrenta la UE tras el estallido de la crisis en 2007 se va clarificando... Eso sí, poco a poco.