LD (EFE) Los ministros de Exteriores de la UE debatieron hoy en Bruselas los preparativos para el Consejo Europeo y dejaron patente que continúan las diferencias ya aparecidas en la reunión de titulares de Finanzas de la pasada semana.
Las principales divergencias siguen centrándose en la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el objetivo de que el plan genere recursos por un 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, la modificación de las perspectivas financieras, el respeto al Pacto de Estabilidad o la flexibilización de las ayudas de Estado.
"Hay muchos problemas en la cuestión económica y financiera de cara a la cumbre", señaló a Efe una fuente comunitaria.
Añadió que Alemania, uno de los países más críticos, "no se ha movido hoy un ápice" e, incluso, no envió a esta reunión a su ministros de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, lo que implica que deja todo el trabajo para la canciller germana, Angela Merkel, en la cumbre.
La propuesta de la CE señala que el gasto total debe ascender a 200.000 millones de euros (1,5% del PIB de la UE), de los que 170.000 millones deben provenir de los países miembros.
En el debate que hoy mantuvieron los ministros de Exteriores, varios países, como Eslovaquia o la República Checa, mostraron su reticencia a "un objetivo cifrado" y pidieron que se tenga en cuenta las diferentes situaciones de partida de cada miembro de la UE, explicó otra fuente comunitaria.
Holanda señaló, por su parte, que no todos los países de la Unión Europea necesitan el mismo tipo de medidas, mientras que Luxemburgo insistió en el respeto al Pacto de Estabilidad, que fija un límite del 3% del PIB para el déficit público.
Además, un importante número de países de Europa Central y del Este se mostraron contrarios a una rebaja del tipo del IVA para servicios con mucha mano de obra, una posición que habitualmente ha defendido Alemania en contraposición a Francia.
En cuanto a la flexibilización de las normas de competencia, los países nórdicos mostraron su preocupación por la posibilidad de que pueda tener efectos nocivos en la libre competencia.
Varios países expresaron también su oposición a la propuesta de la Comisión de que se puedan emplear 5.000 millones de euros del presupuesto comunitario que no han sido utilizados a mejorar las infraestructuras energéticas transeuropeas y para proyectos de banda ancha.
Esta oposición se debe a las reticencias de esos países a "flexibilizar el presupuesto" comunitario, añadió la segunda fuente.