Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CCOO, Enrique Fossoul, la medida se puede impugnar porque vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral.
Según Lacuerda, UGT ha comprobado con varios juristas que "hay razones sustanciosas" para recurrir esta medida que además, advirtió, podría ser inconstitucional por pretender que la bajada sea retroactiva, lo que no se contempla en el ordenamiento jurídico y sería la primera vez que se produce.